Para la cúpula libertaria, la agresión en La Madrid no es un simple incidente callejero, sino un hecho que debe ser tratado por la Justicia Federal. Lisandro Catalán fundamentó este pedido en dos puntos clave: primero, que el ataque ocurrió sobre una Ruta Nacional, y segundo, que la víctima es un Diputado de la Nación en ejercicio.

Sin embargo, el trasfondo es político. Catalán fue lapidario con el Poder Judicial provincial: "La justicia local fue nombrada por la clase política de las últimas cuatro décadas", afirmó, sembrando dudas sobre la transparencia de un proceso manejado por tribunales tucumanos.

El foco sobre Darío Monteros

La crítica más feroz de Catalán fue dirigida al Ministro del Interior, a quien ubicó físicamente en la escena del crimen:

• Presencia en el lugar: El referente de LLA denunció que Monteros estaba a escasos 20 metros de donde ocurrió el ataque de Marcelo "Pichón" Segura, pero que no mostró "gestos de humanidad" ni intervino para frenar la violencia.

• Mensaje a Jaldo: Catalán instó al gobernador Osvaldo Jaldo a remover a Monteros de su cargo para enviar un mensaje de confianza a la ciudadanía, en lugar de "apalancarse en su poder territorial".

• Imparcialidad en duda: Para los libertarios, la cercanía del agresor con el entorno del ministro hace imposible que la justicia de la provincia actúe sin condicionamientos.

¿Qué implica el pase a la Justicia Federal?

Si la causa cambia de órbita, el proceso quedaría en manos de jueces federales, lo que según Catalán garantiza la imparcialidad que hoy no ven en Tucumán. Este movimiento judicial busca también blindar la investigación de posibles influencias del poder político local, en medio de una situación social sensible por las inundaciones en el sur.