La presión política sobre el Ministerio de Salud de la Nación sumó un nuevo capítulo este martes. Durante una reunión convocada por el diputado Juan Marino, diversos sectores vinculados a la discapacidad reiteraron el pedido de juicio político contra el ministro Mario Lugones. El encuentro, realizado ante la inactividad de la comisión específica en la Cámara de Diputados, sirvió de caja de resonancia para una situación que los protagonistas califican de terminal.

"Estamos ante una eutanasia social promovida desde el desgobierno", advirtió Marino al describir el cierre de centros de día, la interrupción de terapias y la falta de medicamentos esenciales.

El polémico reempadronamiento y los nuevos requisitos

Uno de los puntos más críticos discutidos fue la reforma del régimen de pensiones por invalidez. Desde el Ejecutivo se justifica la medida en la necesidad de corregir irregularidades de las últimas décadas, pero desde la oposición y las organizaciones sociales advierten que el objetivo real es el recorte de derechos.

Historias de dolor: de Ian Moche a la liberalización de precios

La jornada contó con el testimonio de familias afectadas, como la de Ian Moche, un niño con autismo cuya madre denunció haber recibido amenazas tras una controversia en redes sociales que involucró a la diputada Lilia Lemoine. También se sumaron voces del ámbito cultural, como la actriz Lola Berthet, y organizaciones que alertaron sobre la posible liberalización de precios de las prestaciones, lo que dejaría a miles de personas sin cobertura ante el encarecimiento de los servicios esenciales.

Además del juicio político (presentado originalmente por Marino y el diputado Pablo Todero), en la reunión se propuso la creación de un Observatorio Nacional de la Discapacidad para sistematizar el relevamiento de datos y el impacto real del ajuste en todo el territorio nacional.

Legisladores de diversos espacios como Victoria Tolosa Paz, Eduardo Valdés, Nicolás del Caño y Esteban Paulón acompañaron el reclamo, coincidiendo en que la desescalada en el acceso a derechos básicos requiere una respuesta institucional inmediata.