La situación de la prensa y el periodismo en Tucumán encendió las alarmas a nivel nacional. Según los datos relevados por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), la provincia se ubica como el tercer distrito con mayor cantidad de casos de ataques a la libertad de expresión, solo superado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la provincia de Buenos Aires.

José Romero Silva, periodista y monitor de FOPEA en Tucumán desde hace cinco años, brindó un crudo diagnóstico en El Avispero. El informe destaca que el frente judicial se ha convertido en el segundo eje de agresiones contra los periodistas:

 "Observamos situaciones principalmente de acceso en la justicia y medidas que terminan impidiendo que se pueda criticar a funcionarios judiciales de Tucumán", explicó el monitor.

Aprietes y el "manual" de la pauta oficial

Durante la entrevista, Romero Silva relató situaciones de hostilidad que enfrentan los colegas y que, en muchos casos, no llegan a denunciarse formalmente por temor a represalias.

 "Nos enteramos de situaciones donde los colegas piden que el registro sea sin nombre ni apellido para que no los echen", reveló.

El periodista detalló un modus operandi de presión política vinculado al manejo de fondos públicos:

• Amenazas con la pauta: Romero Silva citó casos donde funcionarios amenazan con llamar a la Casa de Gobierno para que se le quite la pauta oficial al medio si un periodista realiza una pregunta incómoda.

• Encierros y "clases" de periodismo: Relató un episodio donde una persona habría encerrado a periodistas en una oficina para increparlos, impidiéndoles realizar su nota.

• Mensajes intimidatorios: "Hay funcionarios que les gusta mandarte mensajes el fin de semana porque no les gusta un tuit o una nota; se sienten intocables", afirmó.

El reclamo ante el gobernador y la Corte

En julio de 2025, FOPEA presentó estas inquietudes directamente al gobernador Osvaldo Jaldo. En dicha reunión, se expuso la necesidad de transparencia en el reparto de la pauta publicitaria y la preocupación por las restricciones en las audiencias judiciales.

"Le expusimos al gobernador la necesidad de mayor transparencia en el reparto de pauta oficial, algo que no existe en Tucumán", sentenció Romero Silva. Además, apuntó contra una resolución judicial que otorga a los jueces la facultad arbitraria de decidir quién ingresa a las audiencias y si se permite grabar, una medida que FOPEA busca revertir para garantizar el derecho a la información de la sociedad.

La deuda de las instituciones

Finalmente, Romero Silva hizo un llamado a la autocrítica profesional y cargó contra el silencio de las instituciones intermedias, como el Colegio de Abogados y la Federación Económica. "Se quedan mudas cuando se atenta contra algo tan básico como la libertad de expresión. Necesitamos una Ley de Acceso a la Información y una Ley de Ética Pública para que el funcionario deba rendir cuentas reales de su patrimonio y sus actos", concluyó.