La inauguración del Establecimiento Socioeducativo "San José Gabriel del Rosario Cura Brochero", ubicado en Benjamín Paz, sigue sumando capítulos que exponen las graves fallas de los organismos de control en Tucumán. A las denuncias por la falta de auditoría en la construcción del edificio, ahora se suma una nueva confirmación oficial: el equipamiento del lugar también esquivó los controles preventivos del Estado.

Según consta en el reciente Acuerdo N° 1253 emitido por el Tribunal de Cuentas (TC) el 23 de abril de 2026, el Ministerio de Desarrollo Social avanzó con la compra de insumos a espaldas del organismo auditor. A través de la Resolución Nº 1092/4, el ministerio buscó "convalidar" la adquisición de 20 colchones ignífugos, destinados al alojamiento de los adolescentes en el instituto, por una suma total de $ 5.570.000 a favor de la firma Productos Industriales SRL.

El documento oficial del TC, firmado por su titular Miguel Chaiben Terraf, admite que el gasto ya se encontraba "en ejecución" al momento de ser analizado, lo que forzó al tribunal a expedirse bajo la modalidad de "control posterior de legalidad", ya que era imposible realizar la auditoría preventiva que manda la ley. Aunque el gasto fue finalmente aprobado para que el proveedor pudiera cobrar, el Tribunal dejó asentada una advertencia formal a las autoridades de Desarrollo Social para que "en lo sucesivo" den estricto cumplimiento ala Ley de Administración Financiera.

Esta revelación oficial confirma que la evasión del control estatal en el "Cura Brochero" no es una excepción, sino la regla. Este mismo modus operandi de "hechos consumados" fue expuesto recientemente durante la construcción física del Pabellón 8, donde los inspectores fiscales del propio Tribunal de Cuentas dejaron constancia de que, al llegar al lugar, "los trabajos se encontraban terminados".

Sin embargo, a diferencia de la compra de colchones -que se saldó con un simple "tirón de orejas" burocrático-, el encubrimiento en la obra civil alcanzó otras dimensiones. Fuentes internas señalan que fue el propio titular del TC, Miguel Chaiben Terraf, quien impulsó una maniobra para "ordenar" el expediente y borrar las huellas del fallido control preventivo. La intención de este doble estándar habría sido favorecer a la empresa constructora, HAGA UTE, convalidando una recepción definitiva anticipada que la libera de la responsabilidad legal ante posibles vicios ocultos de la obra.

En definitiva, ya sea por compras millonarias de insumos o por obras de infraestructura a gran escala, el sistema de control en Tucumán parece haber abandonado su rol de prevenir irregularidades para limitarse, simplemente, a tapar los errores y acomodar los papeles una vez que el Estado ya gastó los fondos