El caso de la nena de 13 años trasladada desde Santiago del Estero a Buenos Aires para someterse a un aborto con ocho meses de gestación ha puesto bajo la lupa los límites de la Ley 27.610 y las condiciones en las que se realizan estos procedimientos. Tras el allanamiento en la clínica Santa María de Villa Ballester, donde la policía encontró ocho fetos, el médico obstetra Damián Levy rompió el silencio: "Me siento consternado, pero con la firme convicción de haber realizado lo correcto en el marco legal vigente", aseguró el profesional.

De Santiago del Estero a una clínica en Villa Ballester

La historia comenzó en el norte del país, donde la menor y su madre buscaron interrumpir un embarazo producto de una violación. Según el relato de Levy, la Fundación Cigesar tomó el caso ante la imposibilidad de la familia de acceder al servicio en su provincia natal, pese a contar con la denuncia penal correspondiente. La organización facilitó el traslado a Buenos Aires para realizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), amparándose en la excepción de violación que permite la ley más allá de la semana 14.

"Frente a una situación de extrema vulnerabilidad y riesgo para su salud, acompañamos a la niña y a su mamá con asesoramiento y atención digna, segura y legal", explicó Levy a través de mensajes de WhatsApp. El médico subrayó que la práctica fue realizada por un equipo "altamente capacitado" y en el marco de un convenio regular con la clínica Santa María.

El hallazgo de los ocho fetos: residuos y ADN

La crudeza del caso escaló cuando, en medio de la investigación por la violación, un allanamiento policial en el centro de salud de Villa Ballester reveló la presencia de ocho fetos. Sin embargo, las inspecciones del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires confirmaron que los restos correspondían a procedimientos legales y que se encontraban en el lugar a la espera de ser retirados por una empresa de residuos patológicos.

La urgencia de la Justicia ahora pasa por identificar cuál de esos fetos pertenece a la niña de 13 años. La muestra genética es fundamental para avanzar en la causa contra los dos hombres denunciados por la violación, quienes actualmente permanecen prófugos. El análisis de ADN es la única pieza que falta para cerrar el círculo sobre los responsables del abuso que derivó en la gestación de ocho meses.

Un vacío legal y ético en discusión

A pesar de que la ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo establece un límite de 14 semanas para el pedido sin causales, el caso de esta nena se encuadra en las excepciones por salud y violación. Sin embargo, la avanzada edad gestacional (32 semanas) y el manejo de los restos en la clínica han generado un fuerte impacto en la opinión pública.

Para Levy y su equipo, el accionar fue ético y profesional. "Estamos consternados por la magnitud que tomó el caso, pero trabajamos por el bienestar de las personas con el respeto que corresponde", concluyó el médico. Mientras tanto, la nena y su madre ya regresaron a Santiago del Estero, custodiadas por el sistema de salud, mientras la justicia busca reconstruir el horror que comenzó en el norte y terminó en un quirófano del conurbano bonaerense.