El debate sobre el sistema judicial y la protección de las víctimas ha sumado un nuevo capítulo alarmante tras el proyecto de ley impulsado por la senadora Carolina Losada para endurecer las penas por falsas denuncias.

La iniciativa ya cuenta con dictamen favorable en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, y el proyecto está listo para ser tratado en el recinto, mientras despierta fuertes controversias.

¿En qué consiste el proyecto?

La reforma apunta a los artículos 245, 275 y 277 del Código Penal, agravando las penas por falsas denuncias y falso testimonio en casos de alta sensibilidad: violencia de género, intrafamiliar y delitos contra la integridad sexual.

El peligro subyace en la letra chica: se busca penalizar a testigos, peritos e incluso a quienes difundan denuncias. Esto último podría alcanzar investigaciones periodísticas o el desahogo público de las víctimas, una disposición que se ajusta a la opacidad judicial que se denuncia en Tucumán.

¿Son las falsas denuncias un problema real?

Frente al discurso que sostiene que las denuncias falsas "abundan", los datos presentados ante el Senado por organizaciones especializadas resultan contundentes:

* ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género): solo 1 de cada 4 mujeres denuncia violencia de género y apenas el 10% lo hace en casos de violencia sexual.

* INECIP: según el Registro Nacional de Reincidencia (2024), de 23.419 sentencias condenatorias, solo 41 correspondieron a falsas denuncias (0,25%), mayoritariamente vinculadas a delitos económicos, no de género.

* Contexto infantil: 6 de cada 10 niños en Argentina sufren violencia en el hogar.

Lejos de una supuesta "oleada" de denuncias falsas, el Centro de Perfeccionamiento Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez expuso cifras alarmantes:

el 75% de las víctimas desiste de la acción penal tras recibir dudas o desconfianza de su entorno; el 60% se retracta porque debe continuar en contacto con su agresor; y solo el 10% accede a asistencia psicológica.

El riesgo del silencio

Este proyecto colisiona con convenciones internacionales y con leyes nacionales como la Ley Lucio (27.709), que busca incentivar la intervención ante la mínima sospecha de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

La pregunta es inevitable: ¿Quién asumirá el riesgo de denunciar si el Estado amenaza con cárcel cuando el caso no llega a una condena?

En 2025, el comité de la CEDAW advirtió a la Argentina que esta iniciativa podría desalentar denuncias y obstaculizar el acceso a la justicia.

La justicia tucumana bajo la lupa

Según los datos analizados, las denuncias infundadas no constituyen un problema social central, sino un síntoma del mal funcionamiento del aparato judicial.

Una encuesta de Polinómica, presentada por Álvaro Aurane en El Avispero, arrojó que el 79% de los encuestados desaprueba el desempeño judicial.

"La justicia es transversal en la mala opinión; el sector más crítico, sin fisuras, es el de las mujeres", señaló Aurane.

La falsa denuncia no es la enfermedad: es el síntoma de la ineficiencia judicial. Crear una ley más aparece como un maquillaje redundante que busca ofrecer una "seguridad ficticia", sin invertir en lo urgente: recursos humanos, peritos capacitados y modernización del sistema.

La falta de condena no es sinónimo de falsedad

En delitos contra la integridad sexual, la ausencia de condena suele responder a la dificultad probatoria, no a la mentira. Son hechos que ocurren en ámbitos privados, sin testigos y bajo relaciones de poder.

En un Estado de derecho, el testimonio de la víctima es central, pero no puede ser una isla: requiere un andamiaje de corroboración periférica (exámenes médicos, pericias psicológicas, testimonios sobre el estado emocional, entre otros).

Sin embargo, en Tucumán, ese andamiaje muchas veces naufraga. La crisis no se limita a la obsolescencia técnica o a la falta de capacitación, sino a un problema más profundo: la falta de transparencia.

¿Cómo confiar en la justicia cuando, en el caso Paulina Lebbos, la bioquímica Lilia Moyano admitió, décadas después, la destrucción de pruebas clave?

Falsa solución

Este proyecto no viene a resolver ese 0,25% de falsas denuncias ni a sanar las fallas estructurales del sistema judicial. Es, en esencia, un maquillaje legislativo.

Nunca puede considerarse un problema social que la ciudadanía recurra a las instituciones en busca de amparo. El verdadero drama radica en una Justicia que no actúa y que tiene como aliado permanente el paso del tiempo: ese impío arquitecto de la impunidad que asfixia toda esperanza de verdad.