Tras casi dos décadas de impunidad, marchas y un laberinto judicial que parece no tener fin, la sentencia que absolvió a César Soto (ex pareja de la víctima) y a Sergio Kaleñuk (hijo del ex secretario privado de José Alperovich) por el crimen de Paulina Lebbos ha vuelto a poner la lupa sobre la independencia del Poder Judicial tucumano.

El fallo, que desvincula a los dos principales señalados en esta última etapa del proceso por el crimen ocurrido entre el 25 febrero y el 11 de marzo de 2006, lleva la firma de magistrados con antecedentes y vínculos políticos.

Fradejas: El lazo con el poder político

El juez Fabián Fradejas es un nombre conocido en los pasillos de Tribunales. Su figura suele ser señalada no solo por su desempeño técnico, sino por su entorno familiar. Está casado con María Lucía Dantur, quien es prima de un alto dirigente del Partido Justicialista (PJ) en la provincia.

Para la familia Lebbos, este vínculo no es menor: desde el inicio de la causa, la denuncia principal ha sido el encubrimiento por parte de la "estructura de poder" vinculada al alperovichismo.

Gustavo Romagnoli: De defensor del "Clan Ale" al estrado

Quizás uno de los perfiles más polémicos es el de Gustavo Romagnoli. Antes de su ascenso a la magistratura, Romagnoli fue el abogado defensor histórico del "Clan Ale", la organización criminal liderada por la "Chancha" y el "Mono" Ale, condenada por trata de personas y lavado de activos.

Su llegada al tribunal fue resistida en su momento por diversos sectores civiles, que veían con desconfianza que un abogado que representó a los intereses más oscuros de la provincia terminara juzgando causas de alto impacto institucional.

Morales Lezica: El ascenso tras la "vacante estratégica"

El nombre de Luis Fernando Morales Lezica aparece rodeado de una carambola institucional difícil de ignorar. Su rol en este proceso quedó marcado por una ausencia clave: faltó a una entrevista crucial del concurso y fue reemplazado por Mariana Rivadeneira, quien posteriormente fue designada fiscal.

Lejos de ser un perjuicio para su carrera, ese "faltazo" derivó en un ascenso meteórico. Morales Lezica pasó a ser relator de Marta Jerez de Rivadeneira (madre de Mariana) y, finalmente, fue compensado con su actual cargo de camarista. Esta red de favores y parentescos es, para los críticos del sistema, la prueba fehaciente de la "familia judicial" que se autoprotege.

Un crimen sin culpables tras 20 años

El 11 de marzo de 2006, el cuerpo de Paulina fue hallado a la vera de la Ruta 341, en Tapia, con signos de una crueldad extrema. A pesar de que hubo condenas previas por encubrimiento contra altos jefes policiales y el exsecretario de Seguridad, Eduardo Di Lella, el núcleo del asesinato sigue en las sombras.

"En Tucumán, la justicia tiene los ojos vendados, pero solo para no ver a los hijos del poder", ha repetido Alberto Lebbos tras conocer el veredicto.

Con esta absolución, la justicia tucumana cierra otro capítulo sin responsables materiales, dejando a la sociedad con una sensación de déjà vu: en la provincia donde el poder político y el judicial caminan de la mano, la verdad parece ser siempre el último invitado a la mesa.

Luego de 20 años, la Justicia tucumana todavía no pudo demostrar quién mató a Paulina.