A cuatro meses del femicidio de Érika Antonella Álvarez, cuyo cuerpo fue encontrado en un basural tras ser asesinada en Yerba Buena, la causa continúa bajo una profunda investigación judicial. El Ministerio Público Fiscal enfrenta un expediente complejo que involucra múltiples evidencias, personas mencionadas y una trama de encubrimiento que la familia de la víctima considera mucho más profunda de lo que se conoce actualmente.

Imputados y situación procesal actual

La causa, liderada por el fiscal Pedro Gallo, mantiene a cuatro personas bajo la lupa de la Justicia:

• Felipe Sosa ("El Militar"): se encuentra imputado como el autor material del femicidio.

• Justina Gordillo, Jorge Orlando Díaz y Nicolás Navarro: imputados por presunto encubrimiento.

• Prisión Preventiva: la Justicia ha rechazado los pedidos de arresto domiciliario de las defensas y prorrogó la preventiva de Gordillo por tres meses más.

Las sospechas de la familia: "Vio algo que no debía"

Milena Álvarez, hermana de la víctima, sostiene que la investigación debe escalar hacia personas con mayor influencia. La familia descarta que el homicidio haya sido un hecho aislado o producto de un exceso fortuito:

• Encubrimiento de poder: la familia cree que el nivel de ayuda que recibió el principal sospechoso demuestra la participación de personas con recursos y privilegios.

• Hipótesis de Trata: sospechan que Justina Gordillo reclutaba jóvenes vulnerables para trasladarlas al exterior, basándose en mensajes encontrados en la causa.

• Vínculos con el Narcotráfico: se investigan nexos entre Sosa y un hombre apodado "El Paraguayo" por actividades de venta de estupefacientes.

Pruebas clave y peritajes tecnológicos

La resolución del caso depende hoy de medidas de prueba que se encuentran en pleno desarrollo:

• Análisis de celulares: se revisan los intercambios de mensajes entre Navarro, Sosa y Gordillo.

• Dispositivos bloqueados: los investigadores trabajan para desbloquear teléfonos adicionales de Sosa, quien solo facilitó la clave de un dispositivo.

• Cámaras de seguridad: se analiza un video donde se observa a Sosa llegar a su casa con una mujer cuya identidad aún no fue establecida.

• Aportes de la familia: los allegados fueron fundamentales para orientar la pesquisa, identificando domicilios en Yerba Buena y accediendo a la nube digital de la víctima.

Críticas a la Justicia Federal

Un punto de conflicto para los familiares es que la investigación por narcotráfico derivada de este caso quedara bajo la órbita del juez José Manuel Díaz Vélez. La familia cuestiona esta decisión recordando que el magistrado habría liberado previamente a Sosa en una causa relacionada con plantas de marihuana.

El reclamo de la familia Álvarez es contundente: exigen que se identifiquen a todos los responsables y que nadie obtenga beneficios por dinero o privilegios, con el fin de desarticular la red de impunidad que rodea el femicidio de Érika.