El escenario de tensión institucional entre la Casa de Gobierno y el Tribunal de Cuentas (TC) parece haber encontrado una tregua definitiva. Mediante el Acuerdo N° 902, publicado durante la jornada de hoy, el organismo decidió "no formular observación" al Decreto N° 366/8, el polémico instrumento firmado por Osvaldo Jaldo que autorizaba el uso de fondos federales para el Procrear Tucumán. Con esta resolución, el TC levanta formalmente la prohibición de ejecutar el acto y garantiza a futuro el grifo abierto para las constructoras adictas a la obra pública.

La Adenda del "perdón": El parche legal del Vicegobernador

Para destrabar el flujo de fondos, el Ejecutivo apeló a una ingeniería de último momento mediante el Decreto N° 617/8, que introdujo una "Adenda del perdón" al convenio original entre el Ministerio de Obras Públicas y el IPVDU. Este parche legal, convalidado por el Tribunal de Cuentas, funcionó como el salvoconducto necesario para que el organismo de control archivara sus dudas tras el compromiso formal del IPVDU de garantizar la trazabilidad de los recursos; específicamente, se estableció la obligación de restituir a una cuenta provincial los certificados ya abonados con Rentas Generales y se intentó blindar el cumplimiento de la Ley FONAVI, certificando que las obras de infraestructura no superarán el 21% del presupuesto total.

Sin embargo, este porcentaje "calculado a medida" deja un manto de sospecha sobre la realidad de los costos, rozando peligrosamente el límite crítico del 30% que prohíbe la normativa nacional, en una maniobra que parece más orientada a satisfacer los formularios del Tribunal que a garantizar la transparencia del fondo federal.

El IPVDU "rompió el chanchito": Los números que convencieron al TC

 Si bien la adenda dio el marco legal, fue el informe técnico del IPVDU el que finalmente "aceitó" la salida del cepo. El organismo presentó un balance financiero de $60.020 millones -sumando recaudación proyectada, remanentes de 2025 y cobro de cuotas- para justificar el desvío de $14.080 millones hacia el Procrear. 

Aunque el Instituto jura que esto no afectará las obras en curso, la utilización de "remanentes" y fondos de recupero para tapar el bache financiero del Ministerio de Obras Públicas genera interrogantes sobre la salud futura del resto de los planes de vivienda social de la provincia. 

"Un paraguas para la lluvia": El alivio para las constructoras amigas

La resolución del Tribunal, que lleva la firma de Miguel Chaiben Terraf y Sergio Díaz Ricci, llega en el momento justo para las empresas contratistas. Mientras Alfa Constructora S.R.L. -firma de histórica cercanía con el poder tribunalicio y responsable de las ampliaciones del propio edificio del TC- apelaba a las inclemencias del tiempo para postergar sus compromisos, este acuerdo garantiza el flujo de certificados que estaban "congelados".

El Déjà Vu de Lomas de Tafí: El control que se rinde ante la política

La ironía es total: mientras los Ingenieros Fiscales del propio organismo habían puesto la lupa sobre los plazos y la razonabilidad de las demoras, la cúpula del Tribunal decidió finalmente que los actos remitidos ya no contienen aspectos contables ni presupuestarios sobre los cuales expedirse. En los pasillos del TC se interpreta esta orden como una directiva de "altos mandos" para sacar los expedientes "sin observaciones", permitiendo que la gestión política mantenga la ficción de una obra activa a pesar del barro administrativo y las dudas persistentes sobre el cumplimiento de la ley nacional.

A 20 años del monumental emprendimiento de Lomas de Tafí, gestado durante el gobierno de José Alperovich, el Tribunal de Cuentas, curiosamente con las mismas autoridades a cargo, parece estar dispuesto a rendir homenaje a lo que fue aquel proceso, recordado no solo por su envergadura sino también por las denuncias de sobreprecios que llegaron a la justicia, repitiendo un patrón donde el control cede ante la urgencia electoral. Aquella construcción del megacomplejo habitacional comenzó de la misma manera, con empleados del TC advirtiendo sobre irregularidades que luego fueron convalidadas por las autoridades tribunalicias