La Comisión de Juicio Político de la Honorable Legislatura de Tucumán tendrá trabajo en los próximos días, ya que estaría ingresando formalmente un pedido de juicio político contra el Presidente del Tribunal de Cuentas (TC), C.P.N. Miguel Chaibén Terraf, bajo la acusación de mal desempeño e incumplimiento de los deberes de su cargo.

El eje central de esta inminente presentación parlamentaria radicaría en la actuación del funcionario frente a la confección del Decreto 850, un instrumento que habría sido emitido y rubricado luego de que el propio Terraf sugiriera a funcionarios del Poder Ejecutivo convalidar por Decreto la obra que se había ejecutado omitiendo el control preventivo del organismo que él preside.

Obras bajo la lupa y un pago de $294 millones

De acuerdo con la información que sustentaría el pedido de destitución, las irregularidades se concentran en torno a la obra del Pabellón "Cura Brochero", emplazado en el complejo penitenciario de Benjamín Paz, cuya construcción realizada íntegramente por HAGA UTE se viene ejecutando desde el año 2022 y representa un desembolso multimillonario de aproximadamente 28 mil millones de pesos. Cabe recordar que el inicio de la obra se gestionó, además, con un anticipo financiero de 800 millones de pesos aportados por el Gobierno Nacional.

La construcción del espacio, donde ahora se alojan los menores internos del ex Instituto Roca, se habría llevado a cabo saltando los pasos de auditoría previa que exige la ley para garantizar la transparencia de los fondos públicos.

Ante esta omisión administrativa, el Estado provincial debió buscar una vía legal de excepción para regularizar la situación y habilitar un desembolso de $294.852.768,52 a favor de la empresa constructora HAGA UTE, encargada de la ejecución de los trabajos.

El Decreto 850, firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Marcelo Nazur, habría sido el instrumento para sanear lo que el organismo no controló. El agravante resultaría que el arquitecto jurídico de la maniobra de convalidación sería, justamente, el propio presidente del Tribunal de Cuentas.

El "anticipo" periodístico del 12 de abril

La pieza clave de la acusación, que le otorga cuerpo y sustento documental al planteo, se basaría en una nota periodística publicada el pasado 12 de abril en Enterate Noticias, titulada: "La Obra ya estaba hecha": Fallas de Control del Tribunal de Cuentas y gravísimas irregularidades en torno al pabellón de menores en Benjamín Paz.

En aquel artículo se anticipaba con precisión quirúrgica que el Presidente del TC estaba operando como asesor en la redacción de la norma para subsanar la falta de controles, semanas antes de que el decreto tomara estado público. Para los impulsores de la medida parlamentaria, esta filtración -proveniente de fuentes cercanas al entorno de Terraf- confirmaría que el funcionario desvirtuó su función constitucional, actuando de ambos lados del mostrador: como el controlador que permitió la irregularidad y, simultáneamente, como el arquitecto de la solución legal para garantizar el pago a la firma contratista.

Escenario legislativo

Con la incorporación de estos datos técnicos y la identificación de las obras del Pabellón Cura Brochero, la Comisión de Juicio Político deberá determinar si existe mérito suficiente para avanzar con la remoción de Terraf. Lo que se debate en el fondo es si el máximo responsable de velar por el patrimonio de los tucumanos priorizó una salida política para un compromiso económico millonario por sobre su deber de independencia y control técnico.