La Argentina llegará a 2026 con un escenario judicial internacional tan exigente como sus compromisos financieros. Entre fallos adversos, instancias de apelación y litigios que vuelven a activarse, el Estado enfrenta demandas en Estados Unidos, el Reino Unido y ante el CIADI que, en conjunto, superan los US$30.000 millones.

Mientras algunos expedientes ya no admiten recursos legales, otros atraviesan momentos clave y podrían escalar a lo largo del año entrante, con impacto directo sobre activos públicos, reservas y la capacidad de financiamiento.

YPF, cupones PBI y el arrastre del default

El caso más voluminoso sigue siendo el de la expropiación de YPF. Tras el fallo adverso en Nueva York que fijó una condena por US$16.100 millones, la Argentina apeló y el proceso ingresó en una etapa crítica. La jueza Loretta Preska avanzó con medidas para identificar activos embargables, aunque recientemente otorgó un alivio parcial al suspender el "discovery de alter ego" sobre la petrolera, a la espera de que la Cámara resuelva la apelación.

Los demandantes, encabezados por Eton Park y Petersen con financiamiento de Burford, continúan presionando para cobrar y buscan demostrar que otras entidades estatales, como Aerolíneas Argentinas o el Banco Central, actúan como extensiones del Estado, con el objetivo de avanzar sobre sus bienes.

En paralelo, los cupones atados al PBI representan otro frente relevante. En el caso de los títulos en euros, la Justicia británica ya condenó a la Argentina y no quedan instancias de apelación, lo que obliga a negociar un pago cercano a los US$1800 millones. Por los cupones en dólares, fondos como Aurelius preparan un nuevo reclamo en Estados Unidos, luego de que el expediente original fuera desestimado por cuestiones técnicas.

También siguen activos los litigios vinculados al default de 2001. Fondos holdouts ya lograron embargos por unos US$300 millones y continúan reclamando montos adicionales. A su vez, Bainbridge Fund impulsa el cobro de una sentencia por US$95 millones y busca avanzar sobre acciones de YPF en manos del Estado y sobre activos de organismos públicos.

Aerolíneas Argentinas y los fallos del CIADI

Otro expediente sensible es el de la expropiación de Aerolíneas Argentinas. La Argentina apeló una sentencia que la obliga a pagar cerca de US$390 millones, mientras conviven otros reclamos históricos vinculados al mismo proceso, algunos de ellos aún abiertos en distintas jurisdicciones.

El CIADI concentra además varios laudos adversos recientes. El tribunal del Banco Mundial ordenó al país pagar US$716 millones a AES Corporation por la pesificación de contratos vinculados a la represa de Alicurá, y otros US$147 millones a la constructora Webuild por el congelamiento de peajes en el puente Rosario-Victoria. El Gobierno evalúa alternativas legales, incluida la posibilidad de solicitar la nulidad de esos fallos.

A este panorama se suman causas más antiguas por deuda en default y disputas por concesiones, lo que eleva el volumen total de litigios activos. Según estimaciones privadas citadas en los expedientes, el stock de juicios apelables y ejecutables supera ampliamente los US$30.000 millones, con procesos en Nueva York, Londres y organismos arbitrales internacionales.

El patrón se repite: la Argentina apela, gana tiempo y busca negociar, mientras los acreedores endurecen estrategias para forzar pagos o embargos. Cada definición judicial que se produzca en 2026 podría tener consecuencias directas sobre activos estratégicos y el equilibrio financiero del Estado.