La causa que investiga la brutal agresión al diputado nacional Federico Pelli en La Madrid parece haber chocado contra un muro en los tribunales de Concepción. Según la información publicada por el periodista Luis María Ruiz en La Gaceta, una serie de resoluciones del juez Raúl Robín Márquez han beneficiado directamente la situación de Marcelo "Pichón" Segura, alimentando las dudas sobre la ecuanimidad del proceso.

El blindaje al arresto domiciliario

A pesar del pedido de la querella -encabezada por el abogado Juan Colombres Garmendia- para realizar una junta médica urgente que determine si Segura realmente debe estar en su casa o en el penal de Benjamín Paz, el magistrado cerró la puerta a esa posibilidad.

Robín Márquez calificó el pedido de "improcedente" y sostuvo que intentar revisar la salud del imputado es una vía "indirecta" para reabrir un tema ya resuelto. Para el entorno de Pelli, esto no es más que una maniobra para garantizar que el agresor -imputado por lesiones graves con alevosía- mantenga sus privilegios lejos de una celda común.

Investigación recortada

Pero el cuestionamiento a la "protección" judicial no termina ahí. El juez también rechazó investigar la situación patrimonial y laboral de Segura. Según el magistrado, indagar en los bienes o vínculos institucionales del agresor no tiene una "vinculación directa e inmediata" con el hecho de la agresión física.

Esta decisión impide a la querella conocer si existen trasfondos de poder o recursos que faciliten la situación de Segura, limitando el caso únicamente al golpe físico y obviando el contexto político y laboral del imputado.

El consuelo del rol civil

El único avance para el legislador de LLA fue su aceptación como actor civil,  lo que le permitirá reclamar una resarcimiento económico. Sin embargo, el sabor es amargo: mientras Pelli debe presentar pruebas de los daños en cinco días, "Pichón" Segura ha logrado, por ahora, que la Justicia le mantenga el estatus de detenido en su hogar y evite que se hurgue en sus papeles privados.