La controversia judicial y política que enfrentaba a los periodistas de TN, Luciana Geuna e Ignacio Salerno, con el Gobierno nacional por un informe grabado en la Casa Rosada dio un giro decisivo. El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó desestimar la denuncia por presunto espionaje presentada por la Casa Militar, al considerar que los hechos no revisten relevancia jurídico-penal.

Los fundamentos del fiscal: Seguridad vs. Periodismo

A pesar de la dureza inicial de la denuncia oficial, que incluso motivó insultos del presidente Javier Milei en redes sociales, el fiscal Pollicita fue contundente en su dictamen. Según el magistrado, el uso de "lentes inteligentes" para registrar los pasillos de la sede de Gobierno no puso en peligro la seguridad nacional.

• Sin secretos revelados: Pollicita afirmó que las grabaciones muestran únicamente "espacios físicos y aspectos generales del funcionamiento de un edificio público".

• Falta de entidad penal: el fiscal señaló que, si bien la modalidad fue "clandestina" y careció de autorización administrativa, el contenido difundido no tiene la capacidad de revelar secretos de Estado.

• Seguridad Nacional: se descartó que existiera una "perturbación sustancial" del funcionamiento de la institución involucrada.

El descargo de Luciana Geuna y el cruce con Lilia Lemoine

La conductora del programa "¿Y mañana qué?" defendió la pieza periodística, calificándola como un informe "inocente" destinado a mostrar la rutina de un cronista acreditado. Geuna remarcó que las zonas filmadas son de libre circulación y que las imágenes obtenidas son similares a las que cualquier turista puede encontrar en Google Street View.

Sin embargo, la diputada Lilia Lemoine salió al cruce de estas declaraciones a través de su cuenta en X:

"Geuna me dijo que tenían autorización para hacerlo, y eso es mentira. No siente remordimiento... nunca creen que hacen algo mal", sentenció la legisladora libertaria.

Consecuencias para la prensa acreditada

El episodio no solo tuvo derivaciones judiciales, sino también gremiales. A raíz de este incidente, el Gobierno había decidido suspender el acceso a todos los periodistas acreditados en Casa Rosada durante varios días, una medida que fue anulada por la Justicia tras ser considerada arbitraria y restrictiva para la libertad de prensa.

¿Qué sigue en la causa?

Tras el pedido de desestimación del fiscal, ahora la decisión final queda en manos del juez interviniente, quien deberá resolver si archiva definitivamente el expediente o si da lugar a alguna de las sanciones administrativas mencionadas por Pollicita.