El Poder Ejecutivo ha iniciado un proceso de recolección masiva de pruebas administrativas para cumplir con los requerimientos del juzgado de Ariel Lijo. En un intento por encapsular el daño político, se ordenó remitir grabaciones de seguridad del aeropuerto, informes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) e ingresos a hangares. La justicia busca reconstruir minuto a minuto el traslado de Manuel Adorni y su familia, poniendo el foco en la facturación de los vuelos: el tramo de ida se registró por US$ 4.830, mientras que el regreso forma parte de un paquete mayor valuado en US$ 42.250.

Levantamiento de secreto fiscal y trazabilidad del dinero

El juez Lijo ha dispuesto medidas de fondo para determinar si el viaje fue financiado con fondos públicos, favores de privados o recursos propios no declarados. Para ello, se levantó el secreto fiscal de las firmas Imhouse y Agustín Issin Hansen, además de solicitar informes a ARCA (ex AFIP) y la Aduana. El objetivo es cruzar los datos de facturación con los movimientos bancarios de los involucrados para detectar si existieron viáticos o comisiones de servicio que respalden institucionalmente el traslado, algo que hasta ahora el Gobierno ha negado.

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Puertas adentro de la Casa Rosada, la situación de Adorni ha reavivado viejas rencillas. Un sector del oficialismo propone una contraofensiva mediática apuntando a las causas judiciales de Cristina Kirchner para desviar la atención, mientras que otros funcionarios consideran que el Jefe de Gabinete se "cortó solo" al dar explicaciones apresuradas. Aunque se asegura que el ministro sigue firme en su cargo, en los despachos oficiales se admite que el caso ha sido "mal manejado" y que el funcionario se encuentra "golpeado" anímicamente por la filtración.

El factor EANA y la empleada bajo la lupa

En un intento por correr el eje de la discusión, sectores del Gobierno han apuntado contra una empleada de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), a quien señalan como la persona que filmó a Adorni en el aeropuerto. Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que no existe una investigación judicial ni sumario administrativo en su contra, y que por el momento no será apartada de su cargo. Este intento de "blindaje" al ministro busca ganar tiempo mientras el Ejecutivo intenta reactivar la agenda legislativa con la Ley de Glaciares.

Acumulación de denuncias y patrimonio familiar

La causa no solo se limita al vuelo a Punta del Este. A la denuncia original de los diputados opositores Paulón, Juliano y Ferraro, se sumó una presentación de Marcela Pagano que cuestiona el crecimiento patrimonial de la familia Adorni y los contratos de la consultora de su esposa. En los pasillos de Comodoro Py no se descarta que ambos expedientes terminen unificados, lo que ampliaría el espectro de la investigación sobre la transparencia ética del discurso "anticasta" que sostiene el Gobierno.

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