Después de la aprobación de la ley de Movilidad Jubilatoria en el Senado, el presidente Javier Milei amenazó con vetar la norma, argumentando que su objetivo es "destruir el programa económico". 

La ley, que establece una actualización mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una compensación adicional del 8,1%, fue aprobada con una amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Ante esta situación, bloques opositores como la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica manifestaron su firme decisión de rechazar el veto presidencial. Fuentes de la UCR confirmaron que buscarán insistir con la sanción del proyecto, ya que fueron promotores del dictamen que se aprobó junto a otros bloques opositores. El primer paso será convocar a la Comisión de Previsión y Seguridad Social, liderada por la radical Gabriela Brouwer, para avanzar con la estrategia legislativa.

Desde Encuentro Federal, el líder del bloque, Miguel Pichetto, expresó su apoyo a la ley que busca "recomponer los ingresos de los jubilados y darles previsibilidad". Por su parte, Maximiliano Ferraro, diputado de la Coalición Cívica, criticó duramente la decisión de Milei, calificándola como una "estafa moral" que afecta a uno de los sectores más vulnerables del país.

El comunicado de los diputados de la UCR

Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) emitieron un comunicado en respuesta a las críticas del presidente Javier Milei tras haber votado a favor de los jubilados en la reciente aprobación de la ley de Movilidad Jubilatoria. 

En el comunicado, los legisladores radicales reafirmaron su compromiso con el objetivo de alcanzar el déficit fiscal cero, pero enfatizaron que este no debe lograrse a costa de los haberes jubilatorios.

"Apoyamos el déficit cero, pero este no puede lograrse sacrificando los haberes jubilatorios", subrayaron en el documento. Además, los diputados señalaron las deficiencias presentes en el DNU emitido por el Gobierno, que fueron evidenciadas por más de 40 especialistas durante las comisiones de trabajo. 

En respuesta a estas deficiencias, destacaron que el Gobierno aprobó una ley que corrige estos errores, evitando así la judicialización y los costos adicionales que esto implicaría.

"Existen alternativas viables para financiar el ajuste sin perjudicar a los jubilados", concluyeron los legisladores.