Escándalo en el PAMI: denuncian desvío de fondos y pedido de retornos que involucra a Karina Milei y armadores libertarios

La interna libertaria se recalienta con acusaciones cruzadas, chats filtrados y causas judicializadas en varias provincias.

Una nueva controversia sacude al Gobierno y al espacio libertario: múltiples denuncias señalan que se habrían utilizado oficinas del PAMI en provincias como Chaco, Misiones y Santa Cruz para financiar el armado partidario de La Libertad Avanza (LLA). Las acusaciones van desde el presunto pedido de hasta un 25% del salario a empleados, hasta la designación de militantes en cargos públicos a cambio de aportes.

En Chaco, la Justicia federal ya investiga el caso tras la difusión de chats comprometedores, mientras que en Misiones, una carta firmada por 22 dirigentes libertarios exige la devolución de fondos que habrían sido retenidos entre enero y febrero de este año. En Santa Cruz, un audio filtrado expuso al referente local del partido solicitando "plata para el alquiler" a una médica del PAMI.

La interna Milei-Caputo en el centro del conflicto

El trasfondo político muestra una feroz disputa interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Este último acusa a los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem, cercanos a la secretaria general de la Presidencia, de usar estructuras del Estado para el crecimiento del partido. Un emisario de "Lule", Diego Vartabedian -hoy candidato de LLA en CABA-, habría pedido "militantes" para ocupar cargos en PAMI, según chats revelados recientemente.

En Mendoza, también se investiga la designación de delegados vinculados a la diputada libertaria Lourdes Arrieta, quien luego se distanció del partido. En una conversación con Vartabedian, se menciona expresamente la necesidad de conseguir "gente acorde al cargo y que sean militantes" para ubicar en oficinas públicas.

El PAMI, eje de poder y sospechas

Con un presupuesto actualizado de más de 4 billones de pesos, el PAMI se convirtió en un botín político clave. Aunque desde el oficialismo aseguran que la gestión de los fondos está centralizada, las sospechas apuntan a las 38 Unidades de Gestión Local, donde se habría concentrado el uso partidario de los recursos. La conducción actual del organismo está a cargo de Esteban Leguizamo, alineado con Santiago Caputo, quien impulsa una auditoría interna para detectar irregularidades.

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