Según su abogado, Marcelo Peña, la denuncia no solo destapó una presunta red de sobreprecios, coimas y contrataciones sin licitación, sino que también provocó una ola de represalias: "Le armaron una causa absurda y comenzó a recibir mensajes intimidatorios para que se calle", aseguró en C5N.

Peña apuntó directamente a la cúpula del organismo y al entorno de La Libertad Avanza (LLA), dejando entrever un entramado de presiones políticas que involucran a figuras clave del oficialismo.

Sobreprecios de hasta 800% y maniobras con fondos públicos

Una de las acusaciones más fuertes en la causa tiene que ver con compras de insumos y servicios médicos que, según la denuncia, llegaron a costar hasta ocho veces más de su valor real. La maniobra se justificaba apelando a la "urgencia" médica, lo que habilitaba el uso de vías de excepción para eludir licitaciones.

"El proveedor pide una autorización urgente, la seccional del PAMI la remite a la sede central y allí la aprueban sin mayores controles. Eso permitía pagar 70 mil pesos por algo que en realidad costaba 10 mil", explicó el periodista Andrés Lerner. Tras revisar los expedientes, se descubrió que muchos de esos pedidos eran por estudios de rutina disfrazados de emergencias. Así, se habría montado un sistema para desviar fondos en nombre de la urgencia sanitaria.

Internas libertarias, nombres propios y la disputa por el control

Las revelaciones generaron un sismo interno en el espacio liderado por Javier Milei. La denuncia salpica directamente a Esteban Leguizamo, director del PAMI, y a su segundo, Carlos Zamparolo. Pero también involucra a Sebastián Pareja, operador político muy cercano a Karina Milei, señalado como el articulador de designaciones y presuntas presiones para financiar actividades partidarias con recursos del organismo.

Otros nombres que aparecen en el entramado son Mario Lugones, quien ordenó una auditoría interna para revisar el uso excesivo de las vías de excepción, y Alberto Pascual, excoordinador de LLA en Junín, desplazado tras una interna con sectores libertarios puros.

Viviana Aguirre, por su parte, denunció que le exigieron "un millón de pesos de retorno" para asumir un cargo directivo en el PAMI. Hoy, su testimonio y la causa judicial que se inició a partir de sus acusaciones podrían destapar uno de los escándalos de corrupción más resonantes del Gobierno.