El juez federal Sebastián Casanello ordenó la inhibición general de bienes de 28 dirigentes gremialistas y de cooperativas en el marco de una causa por presuntas extorsiones a beneficiarios de planes sociales para que participen en marchas. Además, solicitó una auditoría al Instituto Nacional del Asociativismo y Economía Social para revisar el funcionamiento de las cooperativas implicadas. Sin embargo, se espera el análisis completo de la documentación y el peritaje de los teléfonos celulares.

Esta medida fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad tras numerosas llamadas a la línea 134 que reportaban presiones a beneficiarios de planes sociales para asistir a una marcha de la CGT contra el gobierno de Javier Milei. Se dispuso la inhibición de bienes para los dirigentes imputados por delitos de extorsión, entre ellos varios miembros del Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó como querellante en la causa, representada por el abogado Oscar Soto. Los delitos imputados incluyen extorsión, amenazas coactivas y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La fiscalía sostiene que se realizaron extorsiones a través de los planes sociales, obligando a los beneficiarios a pagar cuotas para apoyar comedores, vender alimentos recibidos del Estado o asistir a manifestaciones bajo amenazas de perder la ayuda. Se cuenta con mensajes como prueba, donde los referentes transmitían sanciones por no cumplir con estas exigencias.

La defensa cuestionará esta prueba, argumentando que los testigos podrían estar motivados por otros intereses. El juez ha decidido volver a llamar a declarar a estos testigos bajo identidad reservada para escuchar su testimonio.