En su visita al programa El Avispero, Lisandro Catalán lanzó una propuesta disruptiva para reformar la administración del interior tucumano. El dirigente libertario planteó la necesidad de eliminar las estructuras políticas de las 93 comunas rurales de la provincia, argumentando que lo que nació como un intento de descentralizar la gestión se convirtió en un "aparato" para la preservación del poder. 

Catalán aclaró que su plan no implica abandonar a los habitantes ni despedir a los trabajadores reales, sino suprimir cargos políticos como comuneros, subcomuneros y asesores.

La iniciativa busca optimizar el gasto público en una provincia donde el 96% del presupuesto se destina al pago de sueldos. Según explicó Catalán, la eliminación de estas estructuras políticas permitiría mejorar el salario de los empleados que efectivamente trabajan y destinar recursos a obras urgentes. Asimismo, apuntó contra el costo de la Legislatura de Tucumán, que insume el 4% del presupuesto provincial, cuadruplicando el promedio nacional del 1,1%. Propuso reducir ese gasto al 1% para liberar fondos destinados a infraestructura y prevención hídrica.

El cuestionamiento a la Justicia Tucumana

El foco también se trasladó al funcionamiento del Poder Judicial en la provincia. Catalán marcó una diferencia tajante entre la justicia federal, donde existen numerosas vacantes y subrogancias, y la justicia provincial. 

En este sentido, planteó un interrogante sobre la imparcialidad del sistema local: "¿Toda la justicia provincial fue nombrada por el mismo signo político en los últimos 25 años?".

Al comparar con el escenario nacional, el referente de La Libertad Avanza subrayó que, a diferencia de Tucumán, el Gobierno nacional está a disposición de una justicia que no fue nombrada por ellos. Esta falta de alternancia en los nombramientos locales, según su análisis, condiciona la independencia judicial necesaria para auditar la gestión pública y los recursos del Estado tucumano.