El diputado nacional Federico Pelli formalizó su rechazo a la propuesta de juicio abreviado presentada por la defensa de Marcelo "Pichón" Segura, el empleado público imputado por la agresión sufrida el pasado 11 de marzo. A través de su abogado, Juan Colombres Garmendia, el referente libertario objetó la intención de la defensa de acordar una pena de tres años de ejecución condicional, sosteniendo que, dada la gravedad del hecho, cualquier salida alternativa debe contemplar el cumplimiento efectivo de la condena en prisión.

La querella enfatizó que la investigación penal preparatoria aún no ha concluido y que existen medidas de prueba determinantes pendientes. Entre ellas, se destaca la localización del teléfono celular que Segura habría entregado a la policía al momento del hecho, un elemento clave para identificar a posibles cómplices y descartar que el ataque fuera un acto aislado. "Resta identificar a las personas que actuaron junto a él", advirtió Colombres Garmendia en el escrito elevado a la Unidad Fiscal de Homicidios de Concepción.

Gravedad institucional y riesgos procesales

Otro de los puntos centrales del rechazo radica en la calificación del delito: lesiones graves agravadas por alevosía. Pelli sostiene que la magnitud de la agresión no solo se mide por la fractura nasal que requirió cirugía, sino por las "graves consecuencias institucionales", al ser un diputado de la Nación el objetivo del ataque. Además, advirtió que, a pesar de que Segura cumple actualmente arresto domiciliario, los riesgos de entorpecimiento de la causa siguen vigentes.

Finalmente, la querella insistió en que antes de cualquier acuerdo se debe determinar el grado de incapacidad futura en la salud de Pelli. El caso queda ahora a la espera de que el Ministerio Público Fiscal se expida sobre la propuesta de la defensa. En caso de avanzar un acuerdo, será un juez quien deba decidir si homologa o rechaza los términos, bajo la presión de la víctima que exige una escala penal que va de los tres a los diez años de prisión.