Este lunes 9 de marzo, Víctor César Soto (44) enfrenta el juicio que su familia política y el poder de turno intentaron evitar desde 2006. Soto no era un desconocido: era un hombre con llegada a la barra brava de Atlético Tucumán, vinculado a la reventa de entradas y con nexos directos con los llamados "hijos del poder".

El sospechoso que "nadie" quiso investigar

Desde el día uno, Alberto Lebbos llevó a Soto ante la Brigada de Investigaciones. Sin embargo, en lugar de ser tratado como sospechoso, la justicia de aquel entonces -encabezada por el condenado ex fiscal Carlos Albaca- le otorgó beneficios insólitos:

• Querellante en la causa: En una maniobra legal perversa, Soto le cambió el apellido a su hija (a quien no había reconocido antes) para poder representar a la menor en el expediente, logrando desplazar a Alberto Lebbos de la causa durante años.

• Pruebas "extraviadas": Nunca se peritó su teléfono a tiempo y se perdieron muestras biológicas clave (como una funda de almohada con sangre) por "negligencia" en la custodia.

• Informes falsos: Albaca pedía los registros telefónicos de Soto con números equivocados a propósito, impidiendo rastrear sus movimientos el día del crimen.

El nexo con Sergio Kaleñuk

¿Por qué el poder político protegería a un joven de origen humilde y sin empleo conocido? La respuesta parece estar en su registro de llamadas. El día que Paulina desapareció, Soto mantuvo comunicaciones incesantes con Sergio Kaleñuk, hijo del entonces secretario privado del gobernador José Alperovich.

Kaleñuk, también imputado en este juicio, era dirigente del club y el presunto puente entre la logística de la barra y el entorno del gobernador. La fiscalía sostiene que, tras asfixiar a Paulina en su departamento de la calle Estados Unidos, Soto contó con la ayuda de Kaleñuk para trasladar el cuerpo hasta la ruta 341.

La acusación fiscal: Un crimen violento

Para el fiscal Carlos Sale, el hecho fue un homicidio simple. La teoría apunta a que Paulina llegó a la casa de Soto entre las 6:30 y las 7:00 de la mañana del 26 de febrero. Tras una discusión, Soto aprovechó su fuerza física, la tomó del cuello y la ahorcó. "No actuó solo ni de manera improvisada", afirma la fiscalía, señalando que el ocultamiento del cadáver fue una operación coordinada para asegurar la impunidad que duró 20 años.