En una acción coordinada sin precedentes denominada "Aliados por la Infancia VI", se llevaron a cabo más de 266 allanamientos en 18 provincias argentinas, incluida Tucumán, y en otros 17 países para desarticular redes de explotación sexual infantil. El gigantesco operativo internacional resultó en la detención de 84 personas en todo el mundo, de las cuales 26 fueron capturadas en Argentina. La investigación, liderada por la fiscal especializada en cibercrimen Daniela Dupuy, contó con la colaboración de la embajada de los Estados Unidos y el Departamento de Seguridad estadounidense.

Detenciones y procedimientos en territorio argentino

De las 26 detenciones realizadas en Argentina, la Ciudad de Buenos Aires concentró la mayor cantidad con 14 personas arrestadas, seguida por Córdoba, Misiones y Santa Cruz con tres cada una; dos en la provincia de Buenos Aires y una en Formosa. Los sospechosos están acusados de tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil. En los procedimientos, las fuerzas de seguridad lograron secuestrar armas de fuego, dispositivos electrónicos y diversos elementos de almacenamiento digital que ahora serán sometidos a peritajes.

Impacto político: funcionaria de Santa Cruz apartada

La investigación tuvo una repercusión directa en la estructura estatal de la provincia de Santa Cruz. Ivana Álvarez, quien se desempeñaba como directora del Centro Integrador Comunitario del Ministerio de Desarrollo Social provincial, fue apartada de su cargo luego de que su domicilio fuera allanado por estar involucrada en la causa. Este desplazamiento marca la gravedad del caso, que no solo afecta a redes privadas, sino que también ha alcanzado a personal con funciones jerárquicas en organismos públicos destinados a la asistencia social.

Alcance geográfico y coordinación internacional

El operativo se desplegó de forma simultánea en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán, entre otras. A nivel internacional, las acciones se extendieron por países de América Latina como Brasil (donde hubo 44 detenciones), Paraguay, Uruguay, Chile y México, además de naciones europeas como España y Francia. El trabajo técnico fue encomendado al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), que utilizó herramientas digitales avanzadas para identificar a los usuarios que distribuían el material prohibido a través de redes sociales.

El uso de reportes del NCMEC y el futuro de la causa

La base de la pesquisa surgió del análisis de los reportes remitidos por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos. Según explicó la fiscal Dupuy, la etapa que comienza ahora consiste en analizar minuciosamente los dispositivos de almacenamiento secuestrados para llevar los casos a juicio y lograr las penas correspondientes. 

"Esto recién empieza", advirtió la funcionaria, destacando que el rastreo de usuarios en Ciudad de Buenos Aires permitió identificar 15 domicilios, mientras que en Tucumán se concretó un objetivo clave de la investigación.