La Justicia de Tucumán atraviesa uno de sus momentos de mayor exposición y cuestionamiento a nivel federal. Apenas días después de que la absolución de los imputados en el caso Paulina Lebbos fuera calificada por la prensa nacional como un "acto de impunidad definitiva", un nuevo movimiento sísmico sacude los tribunales locales: la Cámara de Apelaciones resolvió reabrir la causa por abuso sexual contra los futbolistas Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín.

Este giro judicial, que anula el sobreseimiento dictado en diciembre de 2025 por el juez Augusto Paz Almonacid, vuelve a poner el foco en la calidad de las investigaciones y en la protección de las víctimas en la provincia.

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El caso Vélez: de la "fábula" al juicio oral

La decisión de la Cámara de Apelaciones responde a un recurso de la querella que denunció una "omisión de pruebas" sobre la vulnerabilidad de la víctima. El tribunal ordenó ahora una revisión integral de los peritajes tecnológicos, cámaras del hotel Hilton y testimonios, para definir si los futbolistas -hoy distribuidos en clubes de Argentina, Uruguay y Brasil- deben enfrentar un juicio oral.

Según informes de Clarín e Infobae, el proceso entra en una etapa crítica donde se cuestionará si la valoración de la prueba fue "arbitraria". Sin embargo, el dato que más resuena en Buenos Aires es la postura del Ministerio Público Fiscal (MPF): la fiscalía no recurrió el sobreseimiento original, lo que a nivel nacional se interpreta como un consentimiento tácito hacia la libertad de los acusados.

La sombra de la impunidad y el "Jardín del Olvido"

Las repercusiones nacionales no ahorran críticas hacia la estructura de poder en Tucumán. En un duro análisis de Página 12, se advierte que la justicia local define en estos días si "tira por la borda la poca honra que le queda". El medio vincula directamente la falta de avances en causas de violencia de género con la influencia persistente de figuras políticas y judiciales, mencionando explícitamente a Edmundo Jiménez como el responsable de un sistema que "cuida las espaldas" de los hombres con poder.

La víctima del caso Vélez, una joven periodista deportiva, denunció un "ensañamiento institucional y mediático" que supera otros precedentes nacionales. "El periodismo buscaba que me suicide", declaró la joven, quien denunció la filtración de chats íntimos y la falta de contención por parte de la fiscal Adriana Reinoso Cuello.

Un sistema en crisis de confianza

La coincidencia temporal entre la impunidad en el caso Lebbos y la revisión del caso Vélez ha generado un clima de sospecha sobre la seguridad jurídica en Tucumán. 

El Tribunal de Impugnación tiene ahora la responsabilidad de decidir si sostiene el beneficio a los jugadores o si abre la puerta a un debate oral. En este contexto, cada movimiento de los jueces tucumanos es observado no solo por la sociedad local, sino por un país que exige respuestas ante crímenes que, hasta ahora, parecen diluirse en el tiempo y las formalidades procesales.