El Gobierno nacional derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) mediante la resolución 37/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial. Según explicó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la decisión busca "dejar atrás el régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo" para enfocarse únicamente en garantizar la aptitud para el consumo del vino.

A partir de esta modificación, el INV dejará de intervenir en etapas intermedias -como la cosecha, la elaboración o el transporte- y solo controlará los productos embotellados. Además, los certificados de origen o varietal pasarán a ser optativos, quedando en manos de los productores o de entidades privadas.

El nuevo esquema abarca toda la cadena vitivinícola, incluyendo viñedos, bodegas, fábricas de mosto, espumosos, fraccionadores y exportadores.

Sturzenegger justificó la medida señalando que, durante 2024, el INV emitió 140.000 permisos de tránsito y realizó más de 5000 inspecciones, lo que consideró "un nivel de control exagerado". Con la reforma, los inspectores solo tomarán muestras de los productos embotellados, reduciendo así "la discrecionalidad y las oportunidades para la corrupción".

"El objetivo es dar más libertad a los productores para adaptarse a un mercado global cambiante, donde el consumo tradicional de vino está en baja y surgen nuevas tendencias como el vino sin alcohol", destacó el ministro.

Y concluyó con una frase que refleja el espíritu de la medida: "¿Por qué tratar a las bodegas como delincuentes? Ya bastantes dificultades tiene el negocio para que el Estado las complique más."