La madrugada del lunes en Villa Obrera, Tafí Viejo, se convirtió en una pesadilla para una pareja. Dos delincuentes escalaron una medianera, forzaron una puerta y transformaron un hogar en un escenario de terror. Sin embargo, lo más alarmante no fue solo la violencia del hecho -donde uno de los malvivientes, José Gabriel Ramos, abusó sexualmente de la mujer mientras su pareja buscaba ayuda-, sino la respuesta institucional. 

Tras una audiencia, el juez interviniente decidió que 21 días de "arresto domiciliario" son suficientes para un sujeto acusado de vulnerar la intimidad y la integridad física de una ciudadana en su propia cama.

La resolución judicial profundiza la crisis de legitimidad del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de Tucumán. Aunque el auxiliar de fiscal Alfredo Palacios formuló cargos por robo doblemente agravado y abuso sexual consumado, y solicitó la prisión preventiva, la decisión final del juez de enviar al acusado a su domicilio particular envía un mensaje devastador a la sociedad: en Tucumán, el riesgo para la víctima y el peligro de fuga parecen ser variables secundarias frente a la flexibilidad procesal para los delincuentes.

Esta medida de "arresto domiciliario" por un plazo irrisorio de tres semanas no solo subestima la gravedad del abuso sexual, sino que deja a las víctimas en una situación de vulnerabilidad extrema. ¿Quién garantiza que Ramos, desde la comodidad de su hogar, no pueda influir sobre los testigos o, peor aún, coordinar con su cómplice prófugo? La Justicia parece olvidar que el dueño de casa y un vecino tuvieron que actuar para reducir al agresor cuerpo a cuerpo. Ese esfuerzo ciudadano, que evitó una tragedia mayor, fue respondido por el despacho de un juez con una firma que devuelve al atacante a su barrio.