La Corte Suprema se reuniría este jueves para definir el futuro de la ley
Tras la masiva movilización federal del pasado martes, todas las miradas se posan hoy en el cuarto piso de Tribunales. El máximo tribunal debe resolver sobre el recurso extraordinario del Gobierno nacional para frenar los fondos destinados a docentes, no docentes y gastos de funcionamiento.
Este jueves 14 de mayo de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación llevará a cabo su habitual reunión de acuerdos, pero con un tema de altísima sensibilidad social y política en el centro del temario: la Ley de Financiamiento Universitario. Tras la Cuarta Marcha Federal que desbordó las calles de todo el país, el tribunal quedó en condiciones de emitir una sentencia que podría destrabar el conflicto presupuestario o profundizar la crisis del sistema científico y educativo.
Los escenarios posibles para el fallo de hoy
El máximo tribunal, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, enfrenta tres caminos jurídicos definidos ante el recurso presentado por el Poder Ejecutivo:
Rechazo por Artículo 280: la Corte podría rechazar el recurso extraordinario del Gobierno sin entrar al análisis del fondo. Esto dejaría firme de inmediato el fallo de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, obligando al Estado a transferir los fondos actualizados.
Admisión y análisis de fondo: el tribunal podría aceptar el recurso para analizar si la ley vulnera el equilibrio fiscal o si carece de fuente de financiamiento, lo que dilataría la transferencia de dinero.
Habilitación de ejecución: confirmar la cautelar a favor de las universidades mientras se resuelve el pleito principal, permitiendo que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reciba las partidas adeudadas para salarios e infraestructura.
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Un recurso contra la "motosierra" educativa
El conflicto llegó al máximo tribunal luego de que el Gobierno nacional intentara frenar los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento. Estos puntos son los que garantizan la actualización automática de las partidas según la inflación y la recomposición salarial para el personal universitario.
Argumento oficial: el Ejecutivo sostiene que la norma no precisa de qué partidas saldrá el dinero y que su aplicación generaría un "perjuicio irreparable" a las arcas del Estado.
Situación de las Universidades: las instituciones denuncian que el presupuesto actual es insuficiente para cubrir el segundo cuatrimestre y que el retraso salarial frente a la inflación acumulada supera el 45%.
Universidades: la Corte Suprema ya puede fallar sobre el financiamiento