Una joven víctima de un violento asalto y su abogado denunciaron que uno de los condenados por atacarla incumplió el acuerdo económico pactado en un juicio abreviado y aseguraron que, pese a haber informado la situación, no obtuvieron respuestas por parte del Ministerio Público Fiscal. El caso reavivó cuestionamientos sobre el control de las llamadas salidas alternativas dentro del sistema penal.

El episodio que originó la causa ocurrió en marzo del año pasado, cuando Nadia regresaba de su trabajo hacia la vivienda de su pareja, en barrio Ciudadela. Mientras avanzaba en bicicleta por calle Amador Lucero al 200, fue interceptada por dos delincuentes que circulaban en motocicleta.

Según relató la víctima, los agresores la empujaron violentamente, la hicieron caer al suelo y le provocaron un profundo corte en el rostro. Luego intentaron robarle sus pertenencias, aunque escaparon al advertir la gravedad de la herida y la abundante pérdida de sangre.

Tras la denuncia policial, ambos sospechosos fueron detenidos e imputados por la Fiscalía de Robos y Hurtos III, que en ese momento estaba a cargo de Carlos Picón.

Después de más de diez audiencias judiciales, la joven decidió no avanzar hacia un juicio oral y aceptó una salida alternativa con los acusados. Explicó que el temor a volver a encontrarse con quienes la atacaron fue determinante para aceptar el acuerdo.

En ese marco, ambos imputados fueron condenados por tentativa de robo a dos años de prisión de ejecución condicional y se comprometieron a abonar una reparación económica total de seis millones de pesos.

Uno de los condenados pagó su parte en un solo desembolso. El segundo acordó cancelar el monto correspondiente en cuatro cuotas, aunque, según denunció Nadia, solo entregó la primera y luego dejó de cumplir.

La víctima afirmó que, al advertir la demora, consultó en la Fiscalía y le informaron que el pago no había sido efectuado y que se cursaría una intimación. Sin embargo, aseguró que luego de nuevas consultas no recibió mayores novedades ni comunicación oficial.

La situación generó preocupación adicional cuando vecinos de su pareja le comentaron haber visto a los agresores circulando nuevamente en motocicleta por la zona.

"Me siento desprotegida porque no cumplieron la condena de manera efectiva, tampoco pagaron lo acordado y continúan en libertad", expresó la joven, quien sostuvo además que percibe una falta de acompañamiento institucional.

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Su abogado, Juan Sebastián Bauque, presentó un escrito ante la Fiscalía para reclamar medidas concretas frente al incumplimiento. Según señaló, hasta el momento no hubo avances.

El letrado indicó además que este no sería un caso aislado. Afirmó que actualmente interviene en alrededor de diez expedientes en los que imputados no respetaron los compromisos económicos asumidos en acuerdos judiciales.

Como ejemplo reciente mencionó el caso de un hombre atacado por tres "viudas negras", quienes habrían abonado solo la primera cuota del resarcimiento y luego desaparecieron.

Bauque cuestionó además la falta de coordinación entre organismos encargados de supervisar estas resoluciones. Según explicó, en distintas oportunidades fue derivado entre la Fiscalía Especializada, la Oficina de Gestión de Audiencias y la Fiscalía de Ejecución sin obtener respuestas claras.

Para el profesional, la falta de controles e intimaciones podría responder a una práctica que termina favoreciendo el desgaste de las víctimas. Sostuvo que, en muchos casos, las personas afectadas abandonan los reclamos por cansancio o porque las causas quedan paralizadas con el paso del tiempo.

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El planteo volvió a poner en discusión el funcionamiento de los mecanismos alternativos de resolución penal y la necesidad de garantizar que los compromisos asumidos por los condenados se cumplan efectivamente.

Redacción de Contexto