Por Gustavo Rodríguez para La Gaceta. 

Una comparación simplista puede ser la mejor manera de entender lo que sucede. El expediente por el crimen de Paulina Lebbos fue una bola de nieve que, con el paso de 20 años, terminó transformándose en un alud que sepultó a gran parte del Poder Judicial, y no sólo a un sector de él. Fiscales, jueces de instrucción, de apelación e incluso la Corte Suprema de Justicia de Tucumán tuvieron algún tipo de participación para que el caso, por ahora, permanezca impune.

El foco está puesto en el juicio absolutorio por falta de pruebas contra César Soto y Sergio Kaleñuk. Es lógico que eso ocurra porque era la última posibilidad de arribar a una condena. Pero antes, mucho antes, comenzaron a surgir irregularidades que marcaron el camino hacia la impunidad. Vale la pena repasar algunas de ellas:

1- Cuatro fiscales intervinieron en el caso. Carlos Albaca fue el único que no concretó avances en la investigación y terminó condenado por el trabajo que realizó. Alejandro Noguera -apartado de la causa por una supuesta maniobra política- investigó a los policías de Raco que luego fueron condenados en el primer debate que se realizó por el caso. Diego López Ávila solicitó que se enjuiciara a Roberto Gómez por el crimen y a otras personas por encubrimiento. El señalado como autor fue absuelto por el beneficio de la duda, mientras que fueron condenados Di Lella, Hugo Sánchez, Nicolás Barrera, Héctor Brito y Waldino Rodríguez. Por último, Carlos Sale acusó a Soto de homicidio y a Kaleñuk de encubrimiento.

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2- El segundo juicio abrió una nueva oportunidad para llegar a la verdad. Los jueces Dante Ibáñez, Rafael Macoritto y Carlos Caramuti no sólo solicitaron que se investigara a Soto, José Gómez -hermano del absuelto- y Ernesto Atim, sino que además pidieron que se analizara la situación de unas 40 personas por falso testimonio o encubrimiento. En febrero de 2021, después de que LA GACETA advirtiera que faltaba apenas una semana para que el caso prescribiera, la Corte hizo en dos días lo que no había hecho en dos años: confirmó el fallo.

3- El expediente debería haber regresado a manos de López Ávila, pero como el Ministerio Público ya había dispuesto la especialización de las fiscalías, terminó en poder de Sale, quien había sido el fiscal acusador en el segundo juicio.

4- La especialización de las unidades fiscales no fue tenida en cuenta para investigar a los acusados de falso testimonio y encubrimiento surgidos en el segundo debate. Al haber funcionarios involucrados -entre ellos el ex gobernador José Alperovich, por mencionar al más relevante-, por decisión ministerial los expedientes quedaron bajo la órbita de un fiscal regional, que dentro del organigrama funciona como la mano derecha del ministro fiscal. Mariana Rivadeneira, Mariano Fernández, Fernando Blanno y supuestamente Mónica García de Targa debían resolver la situación procesal de todos los involucrados. En esta lista también se debe agregar a Ignacio López Bustos y Carlos Picón, que ocuparon ese cargo interinamente por la ausencia de sus pares. Ni el Ministerio Público ni la Corte supieron informar en qué terminaron esos expedientes.

Trascendió que Fernández fue el único que elevó a juicio a algunos de los sospechosos; otras causas fueron cerradas por prescripción o por falta de pruebas suficientes para sostener la acusación. Misteriosamente, todos aquellos que se mantuvieron firmes en sostener la acusación contra los sospechosos fueron desplazados a fiscalías de menor relevancia.

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El peor final

En la Justicia, como en la vida misma, todo lo que empieza mal suele terminar peor. Eso es lo que ocurrió en el cuarto juicio. También aquí conviene fragmentar la situación para comprenderla mejor:

1- Sale acusó a Soto del crimen de Paulina y a Kaleñuk de haber ayudado a ocultar el cuerpo. Se basó en los elementos surgidos del fallo del segundo juicio. Todo el material genético al que podría haberse recurrido fue inutilizado cuando la causa estuvo en manos de Albaca. Desde un principio se sabía que este debate sería el de los indicios, ya que no existían pruebas directas.

 2- Daniel Marranzino fue designado como fiscal acusador en este debate el año pasado. Siempre se supo que estaba en desacuerdo con que el caso llegara a juicio por considerar que no existían pruebas suficientes. Días antes de que comenzara el debate decidió renunciar y solicitar que fuera Sale quien sostuviera la acusación. Esa decisión generó polémica: no sólo habría hecho poco para profundizar las débiles evidencias disponibles, sino que además no le dio tiempo a su colega para hacerlo, ya que renunció a cumplir con su misión cuando los plazos procesales ya habían vencido.

3- Aunque muchos lo desconozcan, Alberto Lebbos, padre de la víctima, denunció que este debate estuvo cerca de no realizarse. La prueba madre era lo resuelto en el juicio de 2019, pero el Ministerio Público no lo había ofrecido como evidencia dentro de los plazos procesales. Todos respiraron aliviados cuando descubrieron que una de las defensas sí lo había hecho.

4- En el juicio declararon como testigos algunos condenados y otras personas cuya investigación había sido solicitada por falso testimonio o encubrimiento, aunque su situación procesal resultaba desconocida. El caso más concreto es el de Lilia Moyano, la perito policial encargada de custodiar y preservar los cabellos encontrados en la mano de Paulina. Esa evidencia, según estimaron los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, involucraba a Jorge Jiménez -uno de los pocos condenados por falso testimonio- y a su padre, Juan Pedro Jiménez.

 5- Fradejas, en un adelanto de los fundamentos, cuestionó con dureza al Ministerio Público por la falta de investigación. El golpe lo recibió Sale, quien terminó siendo la cara visible del fracaso. Sin embargo, no hubo cuestionamientos hacia los jueces de instrucción, de apelación ni de la Corte que rechazaron los planteos realizados por Patricio Char durante todo el proceso. Básicamente, el defensor de Kaleñuk sostuvo durante cinco años que no existían pruebas contra su defendido. El tribunal también puso en duda algunas de las maniobras de encubrimiento que habían motivado condenas en el segundo juicio y que luego fueron convalidadas por el máximo tribunal provincial. Queda entonces la sensación de que el caso Lebbos fue una brasa caliente que fue pasando de mano en mano para evitar el escarnio público.

¿Y ahora?

Técnicamente, el caso no está cerrado porque Sale anunció que apelará el fallo, una vez que se conozcan sus fundamentos. Sin embargo, la sentencia de los jueces ordena que una fiscalía profundice la investigación para encontrar al o los culpables del crimen, tal como ya se había dispuesto en el segundo debate, aunque sin resultados concretos. La primera reflexión es evidente: a 20 años del hecho, las posibilidades de que surja alguna evidencia nueva es prácticamente imposible. La otra pregunta es inevitable: ¿para qué, si aun encontrándolo no podrá ser condenado?

En la edición dominical de nuestro diario, con las columnas de Federico van Mameren ("La deuda interna"), Roberto Delgado ("Mala praxis") y la opinión de Eduardo Rothe ("El deber institucional de absolver y de explicar"), quedó expuesto que este es un caso de gravedad institucional sin precedentes en la historia de la provincia. Un sacudón que, para algunos especialistas, podría derivar en cambios de fondo. El abogado Char, tras escuchar el fallo absolutorio, planteó la posibilidad de que en Tucumán, de una vez por todas, entren en vigencia los juicios por jurado que, a su entender, serían una herramienta eficaz para frenar los errores judiciales.

En la Legislatura, varios referentes esperan los fundamentos del fallo, aunque no dejan de observar otras cuestiones. Una de ellas es la cada vez más inocultable disputa entre fiscales y jueces, diferencias que parecen estar más vinculadas con egos que con el cumplimiento de la ley. Tampoco pasó inadvertido el nivel de cuestionamientos dirigidos contra Sale. Primero, porque pareció convertirse en el único responsable de este fracaso cuando, en realidad, fueron al menos 10 los fiscales que tuvieron algún grado de responsabilidad (cuatro en la investigación del crimen y el resto en causas satélites). Segundo, porque el cuestionado investigador desde hace tiempo aparece como candidato para reemplazar a Jiménez, un ministro fiscal cada vez más debilitado. En definitiva, después de 20 años la Justicia ya no discute culpables, sino responsabilidades por el fracaso.