La Legislatura de Tucumán aprobó por unanimidad una ley propuesta por el gobierno de Osvaldo Jaldo, la cual establece un régimen de promoción y fomento de energías renovables, orientado a empresas, usuarios, generadores y grandes consumidores eléctricos de la provincia.

La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y respaldada por Jaldo en conjunto con Daniel Abad, ministro de Economía, busca diversificar la matriz energética provincial y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

El dictamen elaborado por la comisión de Energía y Comunicaciones, presidida por Alberto Olea, declara de interés provincial el desarrollo de fuentes limpias como la solar, eólica, biomasa y biogás.

La norma otorga a los beneficiarios exenciones impositivas por cinco años, con posibilidad de prórroga, que alcanzan el 100% de Ingresos Brutos y el impuesto a la Salud Pública en los contratos de cada trabajador incorporado. Se considera un incentivo estratégico para estimular la inversión privada en un sector de creciente proyección.

La ley contempla distintos niveles de participación

• Usuarios domiciliarios, que podrán instalar equipos para autoconsumo y vender excedentes a la red.
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• "Prosumidores", que generan y consumen energía, con opción de inyectar el excedente.
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• Grandes emprendimientos, habilitados para comercializar energía en el Mercado Eléctrico Mayorista.
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• Grandes usuarios de red, obligados a cubrir al menos 20% de su demanda con fuentes renovables.

Además, la norma faculta a las distribuidoras eléctricas a financiar la instalación de equipos domiciliarios, con reintegro a través de la factura, lo que abre una vía de accesibilidad para hogares y pequeños productores.

El proyecto obtuvo el respaldo de legisladores oficialistas y opositores, entre ellos Claudio Viña, Rodolfo Ocaranza, José Seleme, Silvia Elías de Pérez y José Cano. Aunque algunos pidieron que la propuesta pasara por otras comisiones como Hacienda y Presupuesto, el planteo no prosperó y la iniciativa fue sancionada sin cambios.

La ley invita a los municipios de la provincia a adherirse al régimen y otorga al Poder Ejecutivo un plazo de 120 días desde su promulgación para dictar la reglamentación correspondiente.