Operativo judicial en pleno centro

La sede de AETAT fue allanada este viernes en San Miguel de Tucumán, en el marco de una investigación por presunta estafa y administración fraudulenta. El procedimiento se realizó en las oficinas ubicadas sobre calle San Juan al 1300 y generó fuerte impacto en el sector del transporte.

El operativo estuvo a cargo de la Fiscalía Nº 2, especializada en delitos complejos, que busca recolectar documentación clave para avanzar en la causa.

Denuncia y dirigentes bajo la lupa

La investigación se inició tras una denuncia presentada por el empresario Sergio Gómez Sansone, quien apuntó directamente contra la conducción de la entidad. En ese contexto, quedaron bajo investigación el presidente de Aetat, Daniel Orell, y el vicepresidente, Jorge Berretta.

Ambos dirigentes son investigados por el presunto manejo irregular de fondos, en una causa que podría tener derivaciones importantes dentro del sistema de transporte provincial.

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Sospechas sobre el manejo de subsidios

Uno de los ejes centrales de la causa está vinculado a la administración de los recursos que el Estado destina al transporte público. La Justicia busca determinar cómo se distribuyen los fondos entre las empresas y si existieron irregularidades o desvíos.

Según trascendió, el foco está puesto en evitar posibles maniobras de malversación en la cadena de reparto de subsidios, un punto sensible dentro del sistema.

Búsqueda de pruebas clave

Durante el allanamiento, efectivos policiales y personal judicial trabajaron en la recolección de documentación, dispositivos electrónicos y registros administrativos. El objetivo es reconstruir el circuito financiero y detectar posibles inconsistencias.

La información obtenida será clave para definir los próximos pasos de la investigación.

Un caso que sacude al transporte tucumano

El allanamiento a Aetat marca un nuevo capítulo en la tensión que atraviesa el sistema de transporte en Tucumán, en un contexto de reclamos por subsidios, tarifas y funcionamiento del servicio.

Mientras avanza la causa, el sector permanece en alerta ante las posibles consecuencias judiciales y políticas que podría tener el caso.

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