La tensión crece en el corazón del Gobierno nacional tras la denuncia de una posible filtración de datos sensibles vinculados a la causa judicial por la estatización de YPF. La sospecha: que empleados de la Procuración del Tesoro habrían vendido información clave a los litigantes del fondo Burford, quienes demandan al Estado argentino en tribunales de EE.UU.

La respuesta no tardó. La Casa Rosada reaccionó con un fuerte hermetismo y avanzó con una investigación interna, que se mantiene bajo total reserva. En paralelo, Javier Milei firmó un decreto que oficializó cambios estructurales y una purga de 60 empleados del organismo encargado de defender jurídicamente los intereses del Estado.

Tres cambios claves en la Procuración tras el escándalo

El decreto presidencial no solo implicó despidos masivos. También modificó el organigrama de la Procuración del Tesoro, ahora liderada por Santiago Castro Videla, sucesor de Rodolfo Barra. Las principales transformaciones:

1. Fusión de direcciones sensibles: Las áreas de Auditoría y de Sumarios e Investigaciones Administrativas se unificaron en una sola: la Dirección Nacional de Sumarios, Investigaciones Administrativas y Auditoría.

2. Rebautizo de áreas clave: Recursos Humanos pasó a llamarse Coordinación de Desarrollo Humano, mientras que Gestión Informática adoptó el nuevo nombre de Coordinación de Tecnología y Soporte.

3. Degradación jerárquica de formación jurídica: La Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado fue degradada a coordinación bajo el nuevo nombre CEFAP (Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública).

Estas reformas, impulsadas con apoyo del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, se enmarcan también en el plan de achique del Estado que impulsa Milei desde el inicio de su gestión.

Una auditoría en marcha, pero sin detalles ni voceros

Pese a que el Ejecutivo confirmó que la filtración está siendo investigada, no se dieron precisiones sobre el contenido robado ni sobre los posibles responsables. Todo el flujo de comunicación fue centralizado por la Casa Rosada, que optó por el silencio ante los medios.

Entre las áreas que podrían participar en la auditoría figura la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dirigida por Sergio Rodríguez. A esto se suman mecanismos internos de control, muchos de los cuales fueron modificados por el reciente decreto.

Aunque las sospechas no apuntan por ahora a ninguna gestión en particular, gran parte de la cúpula desplazada había sido nombrada por Rodolfo Barra. Por ahora, el hermetismo es total y las nuevas designaciones se darán a conocer cuando se publiquen en el Boletín Oficial.