El Gobierno argentino se prepara para una nueva ofensiva judicial en Estados Unidos en el marco del millonario juicio por YPF. Según confirmaron fuentes oficiales, se analiza recurrir a la Corte Suprema de ese país para evitar el traspaso del 51% de las acciones de la petrolera, hoy en manos del Estado, a los fondos buitre Burford y Eton Park.

En la Casa Rosada descartan cumplir con la orden de la jueza Loretta Preska y aseguran que no negociarán bajo presión. La estrategia judicial ya está en marcha: se presentó un primer escrito para apelar el fallo y se aguarda una resolución de la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York. Si la instancia intermedia rechaza suspender la ejecución, el paso siguiente será acudir al máximo tribunal.

Temor por embargos y críticas a la justicia estadounidense

Desde el Ejecutivo advierten que el fallo de Preska viola la ley argentina de expropiación de YPF y sostienen que cualquier traspaso accionario debe pasar por el Congreso con una mayoría especial. Además, remarcan que las acciones están en la Caja de Valores y no pueden ser transferidas sin esa aprobación.

"La orden es inaplicable y provocaría un daño irreparable a la soberanía del país", sostienen fuentes oficiales. Advierten que los fondos litigantes ya anunciaron su intención de vender las acciones apenas las reciban, lo que haría irreversible la situación aun si la Argentina ganara una apelación posterior.

Por eso, el Gobierno argumenta que está siendo forzado a una situación imposible: "Cambiar sus propias leyes, violarlas o desobedecer una orden judicial extranjera".

El fallo se judicializa y se calienta la pulseada

El martes próximo, la jueza Preska convocó a una audiencia judicial en Nueva York en la que también se debatirá un pedido de los demandantes para obtener información sobre activos de otras empresas públicas argentinas, como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central, con vistas a posibles embargos.

Mientras tanto, el oficialismo analiza también recurrir a la Corte Suprema argentina para obtener un pronunciamiento que refuerce su postura frente a la justicia norteamericana. El objetivo: demostrar que el cumplimiento del fallo es material y legalmente inviable sin violentar la legislación nacional.