El fallo de la jueza Loretta Preska por la expropiación de YPF encendió las alarmas. Argentina deberá entregar el 51% de las acciones de la petrolera para cubrir una sentencia de US$16.100 millones, a lo que se suman US$1650 millones de intereses acumulados desde septiembre de 2023. Pero el caso de YPF no es el único: el país enfrenta otros litigios por unos US$14.000 millones en cortes de Nueva York, Londres y el CIADI.

Entre las demandas se destacan causas por bonos impagos, manipulación de datos del PBI y expropiaciones durante los gobiernos kirchneristas. Sumando todos los frentes judiciales abiertos, las demandas contra Argentina alcanzan los US$32.000 millones, de los cuales más de US$21.000 millones podrían ser ejecutables, según datos de Latam Advisors.

Bonos, cupones PBI y expropiaciones: los casos más relevantes

Uno de los frentes más antiguos es el de los holdouts que no aceptaron los canjes de deuda de 2005, 2010 y 2016. Aunque se resolvieron la mayoría, aún persisten reclamos por US$1800 millones, de los cuales unos US$510 millones ya están listos para ejecutarse.

Otro conflicto importante es el del cupón PBI, que generó juicios por más de US$9000 millones debido a la supuesta manipulación del cálculo del crecimiento económico en 2013. Parte de esta causa ya fue resuelta en Londres, con una condena por US$1450 millones que Argentina no pagó. En Estados Unidos, el fondo Aurelius Capital mantiene tres demandas activas por este mismo motivo.

En paralelo, el fondo Titan Consortium exige US$340 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, con un fallo del CIADI a su favor. También hay reclamos por la estatización de las AFJP y otras concesiones.

Fallos recientes y posibles nuevas condenas

En los últimos meses, el CIADI falló en contra del país en varios casos. En junio, AES Corporation fue beneficiada con US$716 millones por la pesificación de contratos vinculados a la represa de Alicurá. En mayo, se sumó un fallo por US$147 millones a favor de Webuild, por la congelación de tarifas en un puente entre Santa Fe y Entre Ríos.

Ante este escenario, el Gobierno de Javier Milei mantiene la estrategia de apelar cada sentencia para dilatar los pagos. Sin embargo, los reclamos se acumulan y, con ellos, los intereses. La presión judicial y financiera sobre la Argentina sigue en aumento.