En medio de fuertes disputas legislativas por jubilaciones, discapacidad y coparticipación, hubo un punto que logró alinear a buena parte del arco político argentino: el repudio al fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que obliga al Estado a entregar el 51% de las acciones de YPF a fondos especulativos como Burford y Eton.

A pesar de las diferencias internas, senadores oficialistas y opositores coincidieron en que la medida representa una amenaza directa a la soberanía nacional. Se planteó incluso la posibilidad de realizar una sesión secreta para abordar el tema en profundidad, con la presencia de funcionarios clave del Ministerio de Economía, la Procuración del Tesoro y directivos de la petrolera.

Posturas firmes y proyectos en defensa del Estado

Uno de los primeros en pronunciarse fue el senador radical Maximiliano Abad, quien junto a su par Pablo Blanco presentó un proyecto que cuestiona duramente el fallo. "Ninguna corte extranjera puede forzar a la Argentina a actuar contra su Constitución", aseguró Abad, y remarcó que cualquier cesión de acciones debe pasar por el Congreso.

Desde Unión por la Patria, el senador Oscar Parrilli afirmó que YPF debe ser un factor de unidad nacional y denunció una estrategia de "colonialismo financiero" detrás del litigio. Su par Sergio Leavy también presentó un proyecto en defensa del rol del Estado sobre los recursos estratégicos.

En paralelo, la senadora Mónica Silva repudió la sentencia por considerarla lesiva al derecho internacional, mientras que la Legislatura de Neuquén también pidió al Congreso una condena oficial.

Qué viene ahora: una sesión clave tras el receso invernal

El Congreso planifica avanzar con un documento común tras el receso legislativo de invierno. José Mayans (UxP) está coordinando con otros bloques para convocar una sesión especial en agosto, donde se espera la exposición de representantes del Gobierno y de la empresa YPF.

El objetivo es claro: presentar una posición parlamentaria unificada que respalde la apelación ya presentada por el Ejecutivo y refuerce la defensa jurídica del país frente a lo que muchos consideran un fallo inaceptable.