La Justicia de Estados Unidos puso fecha para una audiencia central en la disputa por la expropiación de YPF. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anunció que la presentación oral de las partes se realizará en la semana del 3 de marzo de 2026, un tramo que definirá si la Argentina debe entregar su participación accionaria en la petrolera como parte del pago por la sentencia adversa.

La información fue confirmada por el analista Sebastián Maril (Latam Advisors), quien detalló que durante esa misma semana también se expondrán los argumentos en la apelación presentada por una ONG vinculada al caso de la estatización de 2012.

Mientras tanto, el Gobierno argentino tiene plazo hasta el 12 de diciembre para presentar su réplica formal al escrito de los demandantes, encabezados por Petersen y Eton, financiados por el fondo Burford.

Qué reclaman los beneficiarios del fallo

Los demandantes, que ya cuentan con una sentencia favorable por US$16.100 millones más intereses, reclaman que la Argentina entregue las acciones que posee en YPF para saldar parte de la deuda por la expropiación realizada en 2012.

En su presentación reciente ante la Cámara, los beneficiarios del fallo insistieron en la "validez y alcance" de la orden de entrega dictada por la jueza Loretta Preska, que también falló en contra del país en la causa de fondo. Buscan que la Cámara ratifique ese mandato y obligue efectivamente al Gobierno a transferir el paquete accionario.

La posición argentina, en cambio, había logrado una suspensión preventiva de la orden mientras continúa la apelación. El planteo del país fue acompañado diplomáticamente por varias naciones, entre ellas Estados Unidos, que respaldaron la necesidad de que se revisen los alcances de la decisión.

Qué espera la Cámara y qué puede pasar

Una vez que ambas partes completen sus presentaciones escritas y realicen sus exposiciones orales en marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones iniciará su etapa de deliberación. Allí definirá si mantiene la suspensión o si obliga a la Argentina a entregar las acciones, un escenario que tendría un fuerte impacto económico, político y jurídico.

La resolución que adopte el tribunal será clave para el futuro de la petrolera estatal y para las obligaciones financieras del país, que busca evitar una pérdida patrimonial considerada de máxima sensibilidad.