La concejal Gabriela Garolera presentó en el Concejo Deliberante de Yerba Buena un proyecto para crear el Programa Municipal de Ejemplaridad, Transparencia y Aptitud Integral en la Función Pública, que establece la realización de tests toxicológicos obligatorios a funcionarios del Ejecutivo municipal y del cuerpo deliberativo. La iniciativa comenzará a debatirse a partir de marzo y se suma a otras propuestas similares que ya ingresaron en el ámbito provincial.

El proyecto prevé controles periódicos, aleatorios y sorpresivos, con protocolos estrictos y la posibilidad de separación inmediata del cargo en caso de resultado positivo confirmado. Los análisis buscarán detectar consumo de cocaína, marihuana, opioides, anfetaminas, benzodiacepinas, barbitúricos, alucinógenos y drogas sintéticas como el MDMA.

Los motivos y el respaldo político

Garolera explicó que la propuesta se disparó a partir de hechos recientes de fuerte impacto público, como el pedido del gobernador de Salta de implementar controles toxicológicos y el caso del crimen de Érika Álvarez, que involucró a una persona vinculada al Poder Judicial. En ese marco, sostuvo que el funcionario público debe dar el ejemplo y ejercer su rol con plena lucidez al momento de tomar decisiones que afectan a la comunidad.

La concejal confirmó además el apoyo del intendente Pablo Macchiarola, quien expresó su acompañamiento al proyecto y manifestó su voluntad de ser el primero en realizarse el test. 

La ordenanza alcanzaría a intendentes, secretarios, concejales, jueces de Faltas, directores y miembros del gabinete municipal.

Modalidad, sanciones y debate

Los controles se realizarían una vez al año, con selección aleatoria de los funcionarios y posibilidad de exámenes sorpresivos. Los estudios incluirían análisis de sangre y orina, con una instancia de contraprueba antes de definir sanciones. En caso de confirmarse un resultado positivo, se solicitaría la remoción inmediata del cargo y no se descarta la apertura de un juicio político.

El proyecto también incorpora un enfoque sanitario, ya que contempla acompañamiento y tratamiento en casos de consumo problemático. Frente a los cuestionamientos por una posible intromisión en la vida privada, Garolera fue tajante: no se trata de la intimidad personal, sino de garantizar que quienes ocupan cargos públicos no consuman sustancias que puedan afectar decisiones donde está en juego la calidad de vida de la sociedad.