Dos décadas han pasado desde aquel 2006, un año que marcó un antes y un después en la arquitectura institucional de Tucumán. Sin embargo, lo que se promocionó como una modernización del Estado, el tiempo y la justicia se encargaron de revelarlo como lo que siempre se sospechó: un traje a medida de José Alperovich, diseñado para perpetuar un proyecto personalista bajo el barniz de la legitimidad democrática.

Pero para entender por qué esta Constitución nació torcida, hay que retroceder a sus cimientos, donde el barro de la corrupción dejó una mancha que nunca pudo ser borrada.

El escándalo de los LECOPS: El precio de la «Necesidad»

La historia de la reforma no comenzó con votos de ciudadanos, sino con una denuncia que sacudió los cimientos de la Legislatura durante el gobierno de Julio Miranda. La aprobación de la Ley de Necesidad de la Reforma quedó bajo la lupa tras la explosiva denuncia de Amelia Alejandra Ducca, ex esposa de Mariano Poliche.

Según su relato -que aún resuena como un fantasma en la memoria política local- la voluntad de los representantes tuvo un precio en cuasimonedas:

Osvaldo Jaldo, Juan Antonio Ruiz Olivares, Gustavo Rojas Alcorta y Mariano Poliche habrían percibido la suma de 200.000 LECOPS (equivalentes en ese entonces a 200.000 dólares) por motorizar el acuerdo. El resto de los legisladores que aprobaron la ley que declaraba la necesidad de la reforma constitucional habrían cobrado 50.000 LECOPS cada uno, según la denuncia de Ducca.

Aquel escándalo fue tan estrepitoso que no se avanzó con la reforma. El hedor de los sobornos detuvo el proceso, pero solo temporalmente. El "pecado original" ya estaba consumado: la necesidad de reformar la Carta Magna no nació de una demanda social, sino de una transacción.

El boicot y el vacío opositor

Cuando José Alperovich retomó la bandera de la reforma en 2006, el clima de sospecha no se había disipado. La oposición, consciente de que las reglas de juego estaban trucadas para favorecer la reelección y la concentración de facultades en el Ejecutivo, optó por una medida extrema: el boicot.

Importantes sectores de la oposición se negaron a participar en las elecciones de convencionales constituyentes. El resultado fue una asamblea monocolor, un monólogo del oficialismo donde no hubo espacio para el disenso ni para el control de daños. Sin contrapesos, Alperovich logró plasmar su visión: un sistema electoral (los acoples) diseñado para pulverizar a las minorías y un control absoluto sobre los organismos de control.Una Constitución en ruinas: El récord de inconstitucionalidad

El término «mal parida» no es una apreciación subjetiva de la crónica política; es una realidad jurídica. La Constitución de 2006 ostenta el triste récord de ser una de las leyes fundamentales más cuestionadas y mutiladas por la Justicia en la historia argentina.

No se puede construir una democracia sólida sobre una base de ilegalidad. Lo que nació de un soborno y creció en la exclusión, termina inevitablemente en el estrado de los jueces.

A lo largo de estos 20 años, la Corte Suprema de Justicia (tanto provincial como nacional) ha ido podando el texto de Alperovich. La cantidad de artículos declarados inconstitucionales o que permanecen sin vigencia por fallos judiciales es alarmante: sobretodo, los que tenían que ver con el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento que tenían mayorías políticas.

Hoy, a dos décadas de aquel proceso, Tucumán se encuentra con una Carta Magna fragmentada, un "Frankenstein" jurídico que sobrevive a base de parches judiciales. Lo que en 2006 se vendió como el futuro, terminó siendo el ancla que mantiene a las instituciones tucumanas en un pasado de caudillismo y sospecha.

La reforma de Alperovich no fue un avance; fue, en esencia, la institucionalización de una trampa.