La localidad de Florencia, en el norte santafesino, está en el centro de la polémica tras la difusión de un video protagonizado por el intendente electo Fabio Villa, del frente Unidos. En las imágenes, Villa muestra motos, electrodomésticos, celulares y otros artículos que serían sorteados únicamente si ganaba las elecciones.

"¡Miren lo que tenemos acá!", exclama el propio candidato en el video difundido horas antes de los comicios del domingo, mientras señala los premios. Luego, una colaboradora aclara: "Tiene que ganar Fabio. Si ganamos, estos premios pueden ser tuyos".

La propuesta fue denunciada por el Partido Justicialista, que gobierna Florencia desde hace más de 30 años. La fuerza política presentó una denuncia penal por considerar que la maniobra podría constituir una forma de compra de votos, algo tipificado en el Código Electoral.

La Justicia avanza en la investigación

El secretario electoral de la provincia, Pablo Ayala, confirmó que el Tribunal Electoral tomó conocimiento del caso el mismo sábado y derivó la denuncia al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ya inició una investigación penal.

Además, el procurador ante la Corte Suprema con competencia electoral, Jorge Barraguirre, sugirió decomisar de inmediato los objetos que fueron ofrecidos como premios, los cuales se encontraban en el local de campaña del ahora intendente electo.

Barraguirre comparó el hecho con prácticas del siglo XIX: "Los candidatos que ofrecen este tipo de recompensas forman parte del problema que vio Luis Sáenz Peña hace más de cien años, cuando se trataba de capturar el voto en una república oligárquica".

¿Compra de votos o festejo inocente?

Aunque el equipo de campaña de Villa intentó presentar el sorteo como una simple celebración, la condición explícita de que los premios se entregarían solo si ganaba encendió las alarmas judiciales. El caso también reaviva el debate sobre las prácticas clientelares en localidades vulnerables, donde el margen de votos es estrecho y las promesas materiales pueden influir en el electorado.

La resolución judicial podría sentar un precedente importante sobre los límites de las estrategias proselitistas en contextos de alta fragilidad económica.