El Gobierno nacional anunció que apelará el fallo judicial que suspendió por seis meses la disolución de Vialidad Nacional. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X (ex Twitter), luego de que la Justicia hiciera lugar a una medida cautelar presentada por el gremio Sevina.

La resolución judicial impide por ahora avanzar con cualquier acto administrativo derivado del decreto presidencial que ordenaba el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Agencia de Seguridad Vial.

Qué implicaba el decreto del Gobierno

El cierre de Vialidad fue anunciado días atrás por el propio Adorni desde la Casa Rosada. Según el Ejecutivo, el objetivo es eliminar organismos considerados "foco de corrupción en la obra pública". La medida incluía también el desmantelamiento de la Comisión Nacional de Tránsito y la Agencia de Seguridad Vial.

En su lugar, el Gobierno planea traspasar las funciones de planificación e infraestructura a la Secretaría de Transporte y al Ministerio de Economía, mientras que el control de concesiones pasará a una nueva entidad: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte.

Qué es y qué hacía Vialidad Nacional

Vialidad Nacional fue históricamente el organismo técnico encargado de diseñar, construir, conservar y fiscalizar la red vial argentina. Su misión principal era garantizar la conectividad territorial a través de rutas seguras y eficientes, clave para el transporte productivo, turístico y logístico en todo el país.

La decisión de eliminarla generó un fuerte rechazo de gremios y sectores técnicos, que advierten sobre la pérdida de capacidades estratégicas del Estado en materia de obra pública. Ahora, con la intervención judicial, el futuro del organismo queda en suspenso al menos hasta fin de año.