La Cámara Federal de Casación Penal fijó para el 11 de septiembre una audiencia en la que deberá resolver si ratifica o modifica el monto del decomiso que Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad deben afrontar por el fraude al Estado a través de las licitaciones de obras en Santa Cruz.

El encuentro estará encabezado por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, quienes escucharán los argumentos del fiscal Mario Villar y de las defensas. La expresidenta cuestiona el índice aplicado en la actualización del monto y sostiene que solo debería abonar una parte mínima.

El monto en disputa

El Tribunal Oral Federal N°2 había establecido que los condenados deben pagar en conjunto 684.990.350.139 pesos. Cristina Kirchner, sin embargo, considera que la suma es desproporcionada y calcula que su responsabilidad alcanza apenas al 6% de esa cifra.

La audiencia fue convocada por el presidente de la Sala IV de Casación, Mariano Borinsky. Tras escuchar a las partes, el tribunal tendrá un plazo de cinco días para dictar resolución.

En julio pasado, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso habían dispuesto la actualización del decomiso que, al momento de la condena en diciembre de 2022, era de 84.835 millones de pesos. La decisión se tomó después de que la Corte Suprema confirmara en junio la sentencia a seis años de prisión para la expresidenta.

La postura de los fiscales

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que se avance de manera inmediata en la ejecución del decomiso y rechazaron los planteos de Cristina Kirchner. Para ellos, no corresponde suspender el trámite pese a la revisión pendiente en Casación.

En su dictamen, sostuvieron: "En este juicio se acreditó la existencia, entre 2003 y 2015, de una de las matrices de corrupción más extraordinarias de la historia argentina. Esta defraudación trajo perjuicios incalculables para el Estado".

Y agregaron: "La principal responsable, sin mostrar arrepentimiento, continúa apelando a excusas y dilaciones".

Los cuestionamientos de la defensa

Cristina Kirchner rechazó la intimación de pago por 684.990 millones de pesos -equivalentes a unos 530 millones de dólares- y planteó que el Tribunal Oral Federal N°2 es incompetente para ejecutar el decomiso. Argumentó que la jurisdicción corresponde a la justicia civil y comercial federal, que incluso ya había declarado caduca una demanda del Estado contra ella por 21.000 millones de pesos.

Lázaro Báez, otro de los condenados, presentó un reclamo similar. Sostuvo que sus bienes deberían estar sujetos al decomiso en el marco de la causa "Ruta del Dinero K", en la que fue sentenciado a 15 años de prisión.

Frente a estos planteos, los fiscales insistieron en que se haga efectiva la intimación y se proceda con el remate inmediato de los bienes: "El decomiso fijado no es una alternativa, sino una obligación", remarcaron.