El debate por el Presupuesto 2026 dejó más que un revés legislativo para el Gobierno. La decisión de sumar a último momento un capítulo sensible generó malestar entre gobernadores que venían acompañando al oficialismo y expuso una fractura política que todavía deja secuelas en el Congreso.

El capítulo que rompió los acuerdos previos

El foco del conflicto fue la inclusión del Capítulo XI, que proponía derogar la Ley de Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. La movida sorprendió a las provincias, que interpretaron el cambio como una ruptura de los consensos alcanzados tras semanas de negociación.

Aunque el Presupuesto fue aprobado en general, varios gobernadores ordenaron a sus diputados rechazar ese apartado, marcando un límite político. La señal fue clara: acompañamiento sí, pero no a cualquier costo ni de cualquier manera.

Desconfianza y una derrota evitable en Diputados

En las provincias aliadas coincidieron en que el problema no fue solo el contenido, sino la forma. La votación por capítulos terminó dejando afuera también artículos que sí tenían consenso, lo que agravó el enojo.

El rechazo fue coordinado y tuvo nombres propios: diputados de Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones, Neuquén y Provincias Unidas votaron contra el capítulo, aun cuando apoyaron el proyecto en general. Para muchos gobernadores, fue un error político evitable que volvió a tensar un vínculo con la Casa Rosada que nunca terminó de ordenarse.

ATN, promesas y apoyos que no alcanzaron

En paralelo, el Gobierno buscó sostener respaldos con el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Solo en diciembre se giraron unos $66.500 millones, con Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta entre las principales beneficiadas.

Sin embargo, esos fondos no garantizaron el apoyo al capítulo cuestionado. Incluso provincias que recibieron transferencias votaron en contra, dejando afuera otras medidas sensibles, como actualizaciones sociales y tarifas en zonas frías. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, fue uno de los que cuestionó públicamente la estrategia oficial.

El Senado y un respaldo condicionado

El Presupuesto pasó al Senado sin cambios y con el capítulo rechazado fuera del texto. El oficialismo busca sancionarlo sin reabrir la discusión, consciente de que insistir podría reactivar el conflicto con los gobernadores.

Aunque las provincias acompañarían el trámite final, dejaron una advertencia: la confianza quedó dañada y el respaldo futuro estará condicionado, especialmente en debates clave como la reforma laboral.

A esto se suma la tensión con el PRO por la Auditoría General de la Nación, un conflicto que refuerza la percepción de un estilo de negociación que acumula aliados molestos. El mensaje es claro: el apoyo existe, pero ya no es automático ni incondicional.