La UBA reclama el cumplimiento efectivo de la ley

La Universidad de Buenos Aires (UBA) decidió avanzar con una demanda judicial contra el Gobierno nacional para exigir la aplicación inmediata de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial. La medida fue aprobada por unanimidad durante la sesión del Consejo Superior del 22 de octubre.

En su resolución, la UBA señaló que el decreto que suspendió la aplicación de la ley "altera el sistema republicano de frenos y contrapesos" y "quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación".

El texto, registrado bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruye al rector a iniciar las acciones judiciales necesarias para garantizar que el Poder Ejecutivo cumpla con la norma.

Denuncian una crisis presupuestaria y salarial

El Consejo Superior argumentó que el sistema universitario atraviesa una situación económica crítica. Recordó que la UBA ya declaró la emergencia presupuestaria y salarial, y que la ley suspendida busca justamente garantizar el sostenimiento financiero de las universidades nacionales y la recomposición del salario docente y nodocente.

"La no ejecución de esta ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la universidad pública argentina", advirtió el documento aprobado por el cuerpo colegiado.

Una medida que afecta a todo el sistema universitario

La resolución fue comunicada a todas las facultades, colegios secundarios, hospitales e institutos dependientes de la universidad. Las autoridades subrayaron que la suspensión del financiamiento profundiza la crisis del sistema universitario y pone en riesgo su funcionamiento.

El reclamo se produce luego de que el Gobierno promulgara, pero suspendiera, las leyes de Financiamiento Universitario (N° 27.795) y de Emergencia Sanitaria Pediátrica (N° 27.796), bajo el argumento del impacto fiscal. La UBA sostiene que el Poder Ejecutivo tiene la obligación constitucional y legal de asignar los recursos presupuestarios necesarios para garantizar la educación pública y la institucionalidad democrática.