Un proyecto que apunta a la responsabilidad adulta

La legisladora peronista Maia Martínez presentó una iniciativa que busca sancionar a padres y tutores cuando sus hijos participen en hechos de violencia o acoso dentro de las escuelas tucumanas. La propuesta suma un nuevo capítulo a la Ley 5.140 y prevé multas y tareas comunitarias para quienes no cumplan con su rol de acompañamiento y supervisión.

Multas, tareas comunitarias y el rol de la escuela

El proyecto crea el "Capítulo V: Contravención por responsabilidad parental en el ámbito escolar", que establece sanciones para adultos que, tras ser notificados por autoridades escolares o de protección de la infancia, no colaboren ni adopten medidas preventivas.
Las multas irían desde 450 hasta 1.500 litros de nafta premium, junto con posibles tareas educativas o comunitarias de hasta 30 días.

La primera intervención quedará en manos de cada escuela, aplicando el Protocolo de Situaciones Escolares Complejas. Si las familias no responden o incumplen acuerdos, el caso pasará al Juzgado Contravencional. El dinero recaudado se destinará al Fondo Educativo Provincial para programas de prevención y asistencia, además de apoyo a bibliotecas populares.

Un debate reactivado por casos recientes

La iniciativa surge tras la agresión a una estudiante de 13 años en una escuela de Alderetes, episodio que volvió a poner bajo la lupa la responsabilidad compartida entre Estado y familias.
El gobernador Osvaldo Jaldo afirmó que el sistema educativo "no puede solo" y pidió mayor compromiso familiar: "Esto hay que resolverlo desde la casa".

La ministra de Educación, Susana Montaldo, advirtió sobre señales preocupantes en adolescentes -como consumos problemáticos y adicción al juego- y recordó que más de 600 escuelas participan de programas de mediación y prevención.

El proyecto de Martínez busca fijar un marco claro de responsabilidad adulta en contextos donde se detecte "culpa o falta de cooperación", dejando cada caso sujeto a evaluación contravencional.