A pocos días de haberse destrabado el conflicto que paralizó el transporte público en la Capital tucumana y dejó sin servicio a miles de usuarios, el Poder Ejecutivo Provincial publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 3156/8, mediante el cual se amplía el plazo de pago de los contratos de leasing firmados con las empresas agrupadas en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT).

Según indicó Tendencia de Noticias, la resolución, que lleva las firmas del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y del titular de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, concede a las firmas prestatarias una extensión de 18 meses en el plan de pagos y un período de gracia de seis meses, con el propósito de evitar la devolución de las 100 unidades adquiridas en 2024 por la Provincia, por un monto que superó los 17 millones de dólares.

Según los fundamentos del decreto, AETAT solicitó formalmente la flexibilización de los pagos previstos en los contratos de leasing, alegando la "difícil situación que atraviesa el sector como consecuencia de la caída de la demanda debido al contexto económico social, el trabajo virtual que reduce desplazamientos, la proliferación de medios alternativos de transporte, la inconveniencia de aumentar las tarifas y los incrementos en los costos de prestación del servicio".

El Gobierno recordó que los contratos bajo análisis fueron celebrados en el marco del Decreto N° 353/8 (MOySP) del 20 de febrero de 2025 -rectificado por el Decreto N° 365/8 (MOySP)-, que dispuso la distribución de las unidades cero kilómetro a las distintas empresas de transporte público provincial, tras la adquisición de los colectivos autorizada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 5/3 (MEyP) del 26 de septiembre de 2024, ratificado por la Ley N° 9807.

El texto oficial detalla que los contratos originales establecían un plazo de 36 meses consecutivos para la cancelación del capital y el pago de cánones mensuales calculados con un sistema de amortización alemán. Sin embargo, ante el planteo de AETAT y "con el objetivo de asistir al sector y evitar la devolución de los móviles", el Ejecutivo decidió modificar la operatoria.

En su informe técnico, la Dirección de Programación Económica del Ministerio de Economía y Producción consideró "viable ampliar el plazo de pago de las unidades de 36 a 54 meses totales, otorgando así un período de gracia de seis meses en lo que refiere al capital adeudado, correspondiente a las cuotas de octubre 2025 a marzo 2026 (pagaderas en noviembre 2025 y abril 2026 respectivamente), resultando un plazo de amortización de capital total de 48 meses".

La Dirección de Crédito Público agregó que en la adenda a los contratos deberá consignarse expresamente "la fecha de inicio y finalización del plazo de gracia (01/10/2025 al 31/03/2026) y la ampliación del plazo de amortización de capital, que se extiende a 48 cuotas con un plazo total de 54 meses incluyendo el periodo de gracia". Asimismo, recomendó "modificar las condiciones del interés punitorio por incumplimiento".

Modificaciones

El decreto también señala que la Subdirección de Asesoramiento Contable de la Contaduría General de la Provincia advirtió que la modificación contractual "incidirá en las cláusulas segunda y quinta de los contratos de leasing vigentes", aunque aclaró que "persistirán las obligaciones de las empresas para con la Provincia por saldos pendientes de pagos".

En consecuencia, el artículo 1° del Decreto autoriza al Secretario de Estado de Transporte y Seguridad Vial (Vicente Nicastro) a celebrar las adendas a los contratos de leasing con las empresas prestatarias con la intervención de la Escribanía de Gobierno.

El artículo 2° faculta al mismo funcionario "a realizar cualquier acción y/o trámite concerniente a la registración de las adendas en el registro automotor correspondiente", mientras que el artículo 3° establece una alícuota del 0% en el Impuesto de Sellos para dichas adendas, a fin de no generar mayores cargas tributarias sobre el sector. Finalmente, el artículo 4° instruye a la Secretaría de Estado de Hacienda a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la ejecución del decreto.

De esta manera, el Gobierno provincial busca dar un respiro financiero a los empresarios del transporte automotor, garantizar la continuidad del servicio y evitar que las unidades recientemente incorporadas deban ser devueltas, en un contexto donde la sustentabilidad del sistema de transporte público sigue siendo uno de los mayores desafíos de gestión y disputa en Tucumán.