El Gobierno de Tucumán extiende la emergencia del transporte y proyecta la crisis hasta 2030

El Ejecutivo busca sostener el sistema con subsidios millonarios mientras advierten que la situación sigue al límite.

Una crisis que no encuentra salida

El Gobierno de Tucumán avanza con la prórroga de la emergencia del transporte público por dos años más, en un intento por sostener un sistema que continúa en estado crítico. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Marcelo Nazur, quienes enviaron el proyecto a la Legislatura ante el inminente vencimiento del marco legal vigente.

El texto establece que la emergencia se extenderá hasta mayo de 2028, con la posibilidad de prolongarse hasta 2030 si persisten las condiciones actuales.

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Subsidios millonarios para evitar el colapso

La decisión se enmarca en un esquema de asistencia económica constante. En abril, la Provincia destinó $4.900 millones para las empresas de colectivos con el objetivo de sostener el servicio frente al aumento de costos operativos y la quita de subsidios nacionales.

Desde el Ejecutivo sostienen que el transporte es un servicio esencial y que la ayuda estatal es clave para garantizar su funcionamiento y evitar un impacto directo en los usuarios.

El rol clave del Municipio

En paralelo, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán también debió intervenir para evitar una paralización. La intendenta Rossana Chahla autorizó un adelanto de $900 millones para las líneas urbanas, mientras que el aporte mensual ronda los $1.600 millones.

El secretario de Movilidad, Carlos Arnedo, remarcó que el esfuerzo se realiza con recursos propios y busca sostener beneficios como el Atributo Social de la SUBE.

Empresarios advierten una "situación límite"

Desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), su vicepresidente Jorge Berretta alertó sobre la gravedad del escenario. "Si no se contemplan los costos, el sistema no cierra", afirmó, al tiempo que señaló que el sector arrastra una crisis estructural desde hace años.

El aumento del gasoil, los salarios y los insumos presiona sobre un sistema que depende cada vez más del auxilio estatal.

Qué contempla el proyecto

La iniciativa oficial faculta al Ejecutivo a otorgar subsidios mensuales a través de AETAT, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y preservar los puestos de trabajo. A cambio, las empresas deberán comprometerse a mantener su planta de empleados.

El monto de la asistencia dependerá de la disponibilidad del Tesoro provincial, lo que deja abierta la incertidumbre sobre la sostenibilidad a largo plazo.

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