En apenas tres ediciones del Boletín Oficial publicadas esta semana, el Gobierno de Tucumán formalizó la cancelación de expropiaciones históricas. Al dar de baja proyectos en energía, logística y vivienda, el Ejecutivo evita desembolsos millonarios, alimentando la hipótesis de que se busca despejar el camino para un año de recaudación récord que podría terminar financiando la maquinaria política de cara a 2027.

La velocidad de la maniobra es contundente y ha despertado suspicacias en el arco político. En un puñado de días, la administración de Osvaldo Jaldo utilizó el Boletín Oficial para oficializar la desinversión en áreas críticas. Lo que desde los despachos oficiales se presenta como un "uso eficiente de recursos", en la práctica significa sepultar proyectos que llevaban años en carpeta, priorizando la liquidez inmediata de las arcas provinciales.

Los pilares de la desinversión

Vivienda: En Cruz Alta, el Gobierno dio marcha atrás con los terrenos del Ingenio Concepción. El plan para construir 650 viviendas y una escuela fue desactivado, permitiendo al Estado solicitar el recupero de $483 millones que ya estaban depositados judicialmente.

 Energía:  Se canceló la Estación Transformadora de El Espinillo, una obra energética de USD 100 millones que prometía potenciar el sistema para 275.000 tucumanos. Pese a contar con fallos judiciales a favor para avanzar, el Ejecutivo optó por retirar la inversión y frenar el juicio por las tierras.

Logística: El desistimiento del Centro Multimodal de Cargas en Cevil Pozo es el caso más emblemático. Al devolver las 159 hectáreas al empresario Emilio Luque, la Provincia elude un pago indemnizatorio estimado en $5.500 millones. Luque, visiblemente molesto, denunció que el Estado actuó como el "peor pagador", dejando tierras productivas paralizadas durante años para un proyecto que finalmente quedó en la nada..

¿Saneamiento de cuentas o caja para 2027?

La concentración de estos decretos en los boletines de esta semana sugiere una estrategia de "limpieza" de pasivos de cara al futuro cercano. Al frenar estos procesos antes de que las sentencias queden firmes, el Ejecutivo no solo detiene la salida de capital, sino que recupera fondos ya comprometidos.

En este contexto, surge con fuerza una lectura política: la posibilidad de que el Gobierno esté configurando un "año calendario de recaudación plena". Este blindaje de la caja provincial podría ser el combustible necesario para poner en marcha la maquinaria electoral cuando se acerquen los comicios provinciales de 2027, transformando la desinversión de hoy en el capital político del mañana.