Luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro anunciara un aumento salarial que permitió destrabar la protesta policial en Santa Fe, el Gobierno nacional decidió esperar algunas horas y comenzar a retirar de manera progresiva los refuerzos federales enviados a Rosario y el Gran Rosario.

El operativo había sumado efectivos de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, que pasaron a cubrir 16 zonas cuando habitualmente el Plan Bandera se concentra en ocho sectores críticos. Desde Balcarce 50 reconocieron que los agentes trabajaron con sobrecarga operativa y que recibirán descanso compensatorio y pago de horas extra.

La situación salarial en la mira del Ejecutivo

El conflicto encendió alertas internas en el oficialismo. En la mesa chica del Presidente admiten que la relación con las fuerzas de seguridad atraviesa un momento delicado por la cuestión salarial. Por eso, ya se analiza una recomposición en el mediano plazo, en línea con lo que también se estudia para las Fuerzas Armadas.

Funcionarios aseguran que el plan existe, pero depende de la aprobación presupuestaria del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo. La semana pasada, un suboficial de la Policía Federal se encadenó a las rejas de la Casa Rosada para visibilizar el reclamo.

Temor a un "efecto contagio" en otras provincias

En la Casa Rosada admiten que varios gobernadores se comunicaron ante el temor de que la protesta policial se replique en otras jurisdicciones. El recuerdo de levantamientos similares en el pasado forma parte del análisis del entorno presidencial.

El retiro del refuerzo en Santa Fe se apoya en el compromiso del gobierno provincial de recomponer salarios, revisar sanciones administrativas y normalizar la operatividad. Mientras tanto, el Ejecutivo nacional busca evitar que el conflicto escale y se extienda a nivel federal.