Decisión histórica del Gobierno

El Gobierno de Javier Milei confirmó que la Televisión Pública no adquirirá los derechos para transmitir la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta decisión marca un quiebre histórico: desde 1974, el canal estatal había transmitido, de manera total o parcial, todos los mundiales. La última vez que la TV Pública no tuvo participación fue en México 1970, cuando las imágenes llegaron exclusivamente a través de un medio privado.

Desde la Casa Rosada señalaron que la medida responde a motivos económicos: "No vamos a gastar siete millones de dólares en fútbol", señalaron fuentes oficiales, en referencia al costo de adquisición de los derechos.

Recortes en medios estatales

La decisión se enmarca dentro de una política de ajuste y recortes en medios públicos, que incluye despidos y retiros voluntarios en Radio y Televisión Argentina (RTA), la TV Pública y Radio Nacional. Señales educativas y deportivas como Encuentro, Pakapaka y DeporTV también están bajo análisis, con posibilidad de cierres.

El antecedente más reciente se dio en septiembre de 2024, cuando la TV Pública no transmitió el partido entre Argentina y Chile por las Eliminatorias, al no llegar a un acuerdo con Torneos y Telefe. La exclusión del Mundial 2026 profundiza esta tendencia.

Una tradición interrumpida

Históricamente, la TV Pública acercó gratuitamente el mayor espectáculo deportivo a millones de argentinos. En 1974, fue el único canal que transmitió Alemania 1974; en 1998, la cobertura se limitó a algunas provincias por licencias; y en 2022, solo tuvo acceso a un puñado de partidos, complementando la transmisión privada.

Con la decisión actual, se rompe una continuidad de 52 años, que había convertido a la Televisión Pública en el principal canal para seguir los mundiales de fútbol en Argentina.

Impacto económico

En Qatar 2022, la inversión del canal estatal superó los US$10 millones, recuperados en su mayoría mediante ingresos publicitarios por US$12 millones. Sin embargo, un 20% de ese financiamiento provenía de provincias y organismos públicos, lo que generó cuestionamientos sobre la pertinencia del gasto.

El Ejecutivo mantiene hasta diciembre la posibilidad de revertir la medida, aunque fuentes oficiales aseguran que la decisión ya está tomada.