Luego del fallo de la Corte Suprema que ratificó la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad, la Justicia avanza con un proceso para subastar más de 20 inmuebles y millones de dólares pertenecientes a la familia Kirchner. El fiscal federal Diego Luciani exigirá que los condenados devuelvan los fondos públicos defraudados, bajo apercibimiento de ejecutar sus patrimonios si no lo hacen en un plazo de 10 días hábiles.

El reclamo apunta a propiedades, empresas y dinero en efectivo

En caso de no cumplir con la restitución del dinero, la medida afectará no solo a Cristina Kirchner sino también a sus hijos, Máximo y Florencia, quienes figuran como titulares de parte del patrimonio. Entre los bienes que podrían rematarse figuran:

• 27 inmuebles, incluidos hoteles y complejos en el sur del país.

• Cinco cocheras en el edificio Madero Center.

• Las empresas Hotesur y Los Sauces, que manejaban parte del negocio hotelero.

• U$S 4,6 millones retenidos a nombre de Florencia Kirchner.

• U$S 1 millón en una cuenta bancaria también de Florencia.

Por su parte, el empresario Lázaro Báez, también condenado, enfrentará la ejecución de más de 60 propiedades, muchas ubicadas en la Patagonia.

Obras viales inconclusas y fondos cobrados en su totalidad

La investigación demostró que alrededor del 50% de las obras adjudicadas a Báez no fueron terminadas, pese a que cobró el total de los contratos. El avance promedio de esas obras no superó el 36%. Según el expediente, el perjuicio al Estado ronda los $85.000 millones.

Durante la presidencia de Alberto Fernández, el reclamo del Estado por estos fondos permaneció sin avances. Ahora, con la causa firme, el Ministerio Público busca que los condenados paguen con sus bienes el daño causado a las arcas públicas.

Otra denuncia por desvío de fondos

En paralelo, se conoció que José Ottavis, exdirigente de La Cámpora, figura como responsable de una asociación civil que recibió $11.000 millones del FISU (Fondo de Integración Socio Urbana) para obras que no se ejecutaron. Esa cifra representa apenas una octava parte del monto involucrado en la causa Vialidad.