Resignado a esperar que el Congreso trate su ley de Hojarasca, el flamante ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, prepara su primera jugada por decreto desde que se incorporó formalmente al Gabinete. Sturzenegger, creador del famoso y polémico DNU/70, planea eliminar o reformar unos 60 organismos públicos, que serán suprimidos, reducidos considerablemente o fusionados con otras áreas.

El decreto, conocido preliminarmente como "decreto 51", está en preparación y afectará áreas descentralizadas bajo la órbita de varios ministerios. Entre los organismos que se mencionan están el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

Los fundamentos de la medida no fueron oficializados, pero se basan en la idea de que estos organismos no tienen un fin necesario para la función pública o que fueron utilizados de manera irregular para desviar fondos públicos durante la administración kirchnerista. En lugar de sanearlas, el Gobierno se dispone a suprimirlas.

Desde su designación como ministro, se había establecido que Sturzenegger tendría injerencia sobre otras áreas, previa consulta con sus respectivos ministros o secretarios. Sin embargo, aún se mantiene la reserva sobre la forma en que se articulará el decreto y la fecha en que se pondrá en marcha.

La Casa Rosada había anunciado el cierre del INADI en febrero como parte de una política integral de "desmantelamiento de diferentes institutos" considerados "grandes cajas de la política o simplemente lugares para generar empleo militante". Sin embargo, recién se concretaría a partir del decreto de Sturzenegger.

Otros organismos que podrían ser afectados incluyen el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y el Instituto Nacional del Teatro (INT). El cierre de estos organismos busca recortar presupuesto y eliminar las "trabas del Estado".

El Gobierno aseguró que, aunque la medida implicará un gasto en indemnizaciones por despidos o retiros voluntarios, servirá para terminar con los impedimentos creados desde la estructura estatal. La meta es alcanzar 70 desvinculaciones, fijadas poco después de asumir.